250 años de independencia, una sola frontera: el recordatorio incómodo de la cónsul

Eso fue, justamente, lo que ocurrió en el Consulado General de Estados Unidos en Matamoros durante la conmemoración del 250 aniversario de la Independencia estadounidense, donde Mary Virginia Hantsch eligió un tono que muchos no esperaban escuchar entre copas, banderas y discursos de cortesía.

La cónsul habló de legalidad, de seguridad, de cooperación, pero sobre todo habló de algo que en la frontera tamaulipeca pesa más que cualquier brindis: la convicción de que ningún funcionario, sin importar su rango, está por encima de la ley. Y lo dijo en una semana especialmente cargada, apenas horas después un ataque armado cobró la vida de un agente del Servicio de Protección Federal asignado al propio consulado, y mientras Washington mantiene abiertos expedientes incómodos contra figuras políticas mexicanas de primer nivel. 

Hantsch no llegó a Matamoros a reprender a nadie; llegó a refrendar una agenda que, bien aprovechada, puede traducirse en beneficios tangibles para la región: más certeza jurídica, más inversión, más empleo, más seguridad para las familias que viven a uno y otro lado del río Bravo. 

En la otra mitad de la conversación podemos decir que la cónsul colocó sobre la mesa la responsabilidad mexicana frente al tráfico de drogas y armas, y eso es legítimo; pero la administración Trump, a la que ella misma representa, todavía tiene tarea pendiente en su propio territorio, donde se fabrican y se compran las armas que terminan ensangrentando ciudades como Matamoros, Reynosa o Nuevo Laredo. 

La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha recordado con insistencia, y no es un dato menor: las cifras le dan la razón. Una cooperación que se presume firme también debería ser, en honor a la palabra, recíproca. Lo valioso del momento es que existe interlocución. Hantsch es una diplomática de carrera, hispanohablante, formada en estudios de seguridad nacional y con experiencia previa en consulados fronterizos. 

Su perfil sugiere que entiende la complejidad de la región y que no llegó a improvisar. Si las autoridades locales y estatales saben aprovechar esa apertura, con el alcalde Beto Granados y el gobernador Américo Villarreal como interlocutores naturales, Matamoros podría capitalizar este aniversario más allá del simbolismo: convertirlo en una agenda concreta de desarrollo binacional, con resultados medibles en seguridad, comercio y movilidad.

Doscientos cincuenta años después de aquella declaración de 1776, lo que se celebró en el consulado no fue únicamente la libertad de un país, sino la posibilidad de que dos naciones vecinas sigan encontrándose en la mesa, aún cuando los temas duelan. Y esa, francamente, es una buena noticia. 

CAMBIAR LAS REGLAS DESPUÉS DEL PARTIDO

La modificación al artículo 127 constitucional, publicada el pasado 10 de abril en el Diario Oficial, es una pieza con vocación de aplauso fácil. 

Y ¿en qué consiste la reforma? El artículo 127 ya establecía que ningún servidor público puede ganar más que la presidenta. Pero la modificación da un paso más: ahora también las jubilaciones y pensiones tendrán un tope, equivalente al 50% de la remuneración presidencial. Lo polémico no es el techo en sí, sino dos cosas. 

Primera, que aplica también a quienes ya estaban jubilados, es decir, ajusta hacia abajo pensiones otorgadas hace años bajo contratos vigentes. 

Segunda, que no todos entran al mismo costal: las Fuerzas Armadas, las aportaciones sindicales, los ahorros voluntarios y la pensión no contributiva del bienestar quedan blindados. El resto, a la fila.

El tope del 50% del sueldo presidencial suena razonable hasta que uno se pregunta por las exclusiones. ¿Por qué unos sí y otros no? Así la equidad se vuelve selectiva y deja de llamarse equidad. 

Detrás del decreto hay 97,000 personas con nombre, apellido y 30 o más años de servicio. Cuatro mil de ellas trabajaron toda su vida en la Comisión Federal de Electricidad, esa misma que hoy nos mantiene la luz encendida. 

Sus dictámenes de jubilación fueron firmados, sellados y ratificados ante autoridades competentes bajo las reglas que existían entonces. Cambiar las reglas después del partido tiene un nombre técnico, retroactividad, y un costo real: la confianza, esa moneda que tarda años en acuñarse y minutos en perderse.

Lo valioso de este momento es que la conversación está viva. Las marchas en Tampico, las voces que se suman desde otros estados y el debate jurídico que se aviene pueden empujar al legislador hacia una solución más fina: una que castigue el privilegio sin lastimar al trabajador de a pie. Ese diálogo, aún posible, es la mejor noticia.

¡¡Yássas!!