En el Congreso de Tamaulipas se cocina algo que merece atención más allá del trámite legislativo.
La diputada Katalyna Méndez presentó una iniciativa que propone reformar tres ordenamientos, la Ley de Turismo, la de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la del Desarrollo Familiar del Estado, para crear protocolos, mecanismos de supervisión y un distintivo de “espacios seguros” en hoteles y servicios de hospedaje.
El trabajo se construyó de la mano del DIF Tamaulipas, que encabeza la doctora María de Villarreal, y de la Secretaría de Turismo. Hay que decirlo con claridad: la propuesta toca una herida que pocos quieren nombrar. La trata y la explotación sexual infantil encuentran en la industria turística rutas silenciosas, y reconocerlo desde una iniciativa de ley es ya un paso valiente.
Que se hable de corresponsabilidad familiar, convenios con prestadores de servicios y obligaciones concretas para autoridades estatales y municipales habla de una visión que no se queda en el discurso. Ahora, con cariño y en voz periodística, vale señalar lo que aún queda por aterrizar.
¿Quién verificará los distintivos y con qué frecuencia? ¿Habrá presupuesto etiquetado para capacitar al personal hotelero, que muchas veces es la primera línea de detección? ¿Qué sucederá con las plataformas de hospedaje digital, los moteles de paso y las rentas vacacionales, donde el riesgo suele esconderse mejor? Son preguntas que no restan, suman.
Tamaulipas tiene la oportunidad de mostrar ese lado humano que Katalyna Méndez menciona, y de convertir a Ciudad Victoria en referente. Las buenas intenciones, cuando se acompañan de músculo institucional, dejan de ser titulares y se vuelven refugio.
UN RESPIRO PARA EL TRANSPORTE
La Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, encabezada por Carlos Irán Ramírez González, abrió la puerta a cerca de ocho mil concesionarios del transporte público para que regularicen adeudos que en algunos casos rebasan los 120,000 pesos, con un pago único de 14,800.
El programa estará vigente entre mayo y agosto de 2026, y forma parte de un decreto impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.
Visto en frío, es una operación de borrón y cuenta nueva sobre una bolsa que supera los 300 millones de pesos en pasivos acumulados. Visto con calle, es algo más interesante: el reconocimiento tácito de que el modelo de cobro al transportista venía arrastrando recargos sobre recargos hasta volverse impagable, y que el Estado tampoco ganaba persiguiendo deudas que nadie iba a saldar nunca.
Aquí gana el concesionario que duerme tranquilo, pero también gana la hacienda pública que por fin convierte papel mojado en ingreso real. Conviene, eso sí, no aplaudir sin matices.
Quedan preguntas que el anuncio no termina de responder, y que esta columna plantea con ánimo constructivo: ¿qué pasará con quienes pagaron puntualmente durante años mientras otros acumulaban?, ¿habrá auditoría sobre cómo se llegó a esos adeudos millonarios?, ¿el esquema de parcialidades que aún se analiza llegará a tiempo para los más rezagados? La certeza jurídica que se ofrece sobre el patrimonio, como bien apuntó Ramírez González, vale tanto como la transparencia con que se administre. Bienvenida la medida. Y bienvenida también la conversación pendiente.
¡Yássas!