Se avecinan tiempos difíciles para algunos funcionarios del gobierno del estado de Coahuila. Y no precisamente para los priistas.
Aunque pudiera parecer prematuro, desde hace semanas cobra cada vez más fuerza la versión de una serie de enroques que realizaría el gobernador Manolo Jiménez en la segunda mitad de su administración.
Entre los nombres que más insistentemente se mencionan destacan dos funcionarias que no militan en el PRI. ¿Cómo es posible? La explicación es sencilla: ambas llegaron como parte de las cuotas políticas derivadas de la alianza que el PRI sostuvo con el PAN y el PRD durante el proceso electoral de 2023.
En ese contexto, se habla con insistencia de la inminente salida de Esther Quintana de la Secretaría de Cultura. Durante su gestión, los problemas en la dependencia se han multiplicado sin que exista una respuesta efectiva. La cultura, que desde hace años ocupa un lugar secundario en las prioridades gubernamentales, se ha visto aún más rezagada en los últimos dos años, marcada por la inoperancia, la falta de resultados y el beneficio para unos cuantos.
Quintana, quien en otros tiempos destacó como una política combativa, no ha logrado revertir esa situación ni imponer orden dentro de la dependencia.
Pero más allá de los resultados, hay otra consideración de carácter político. Con la mira puesta en los próximos procesos electorales, particularmente en la elección de 2029, el gobernador Jiménez busca cerrar filas y fortalecer su círculo más cercano, dejando atrás los compromisos derivados de alianzas pasadas.
Por ello, otra funcionaria cuyo futuro parece comprometido es la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés, quien tampoco habría alcanzado las expectativas generadas al inicio de la administración y cuyo desempeño ha sido señalado como discreto.
Quien logró salvarse, aunque estuvo cerca de la guillotina política, fue el ex titular de la Secretaría de Vivienda, el perredista Ángel Mahatma Sánchez. Su paso por la dependencia fue cuestionado por diversos sectores y finalmente dejó el cargo para asumir una curul en el Congreso local como diputado suplente, posición que continúa ocupando.
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Las protestas de los trabajadores de AHMSA continúan elevando el tono. Las manifestaciones son cada vez más constantes y contundentes, al grado de haber encendido las alertas en la Presidencia de la República.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado públicamente que el empresario Alonso Ancira mantiene una deuda millonaria con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que deberá responder por ella, algo que, en la práctica, parece complicado que ocurra en el corto plazo.
Dicha declaración ha sido interpretada por algunos como un mensaje que anticipa una posible ofensiva legal contra el empresario, en medio de la creciente presión social generada por la crisis de Altos Hornos de México y la falta de soluciones para miles de trabajadores afectados desde hace casi dos años.
Los obreros han reclamado reiteradamente apoyo gubernamental para enfrentar la complicada situación económica derivada de la parálisis de la empresa. Sin embargo, aseguran que las respuestas han sido insuficientes.
Mientras tanto, Ancira lleva meses residiendo en Estados Unidos, particularmente en Texas, donde ha sido visto con frecuencia en distintos establecimientos de San Antonio.
La pregunta que comienza a surgir en algunos círculos políticos es si las autoridades estadounidenses, en coordinación con el Gobierno mexicano, estarían dispuestas a actuar contra el empresario para intentar despresurizar el creciente conflicto social que afecta a la Región Centro del estado.
¡¡Yássas!!