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Opinión

En defensa del dinero en efectivo

Inteligencia Financiera Global

Bastaron unas horas para que Estados Unidos, la mayor potencia económica y tecnológica del mundo, suspendiera los despegues de sus aeropuertos. Una falla en los sistemas de comunicaciones del control aéreo dejó miles de vuelos afectados y pasajeros varados. Según los primeros reportes, no había indicios de un ataque terrorista ni de un ciberataque. La infraestructura indispensable para coordinar los vuelos sencillamente dejó de funcionar.

En esos mismos días, usuarios de Microsoft experimentaron interrupciones en servicios de correo electrónico y herramientas de trabajo. Fueron acontecimientos distintos, pero ambos exhibieron una vulnerabilidad compartida: la creciente dependencia de sistemas digitales cuya disponibilidad suele darse por garantizada.

La tecnología ha transformado la vida económica. Permite trabajar, comunicarse, comprar, vender e invertir desde un teléfono. Sus beneficios son indiscutibles. Sin embargo, aprovechar las ventajas de la innovación no equivale a depender por completo de ella. Esa diferencia resulta crucial cuando fallan las redes, los servidores o los mecanismos que permiten efectuar transacciones.

Una operación tan sencilla como pagar gasolina o comprar alimentos puede requerir electricidad, conexión a internet, sistemas bancarios y autorizaciones electrónicas. Basta una falla en esa cadena para que el pago sea imposible. El dinero puede permanecer intacto en una cuenta y, aun así, su titular quedar temporalmente impedido de utilizarlo. Tener dinero sin poder disponer de él es una vulnerabilidad económica que merece atención.

En ese contexto, cobra especial importancia el debate mexicano sobre la reducción del uso de efectivo y las restricciones previstas o planteadas para determinadas operaciones, como el pago de combustibles y peajes. La digitalización puede facilitar transacciones, reducir costos, combatir actividades ilícitas y mejorar la fiscalización. Esos beneficios son reales. Pero que una herramienta resulte conveniente no significa que deba convertirse en obligatoria.

Una sociedad moderna debería ampliar las alternativas de pago, no eliminarlas. El efectivo conserva cualidades que ningún sistema electrónico reproduce completamente: permite realizar transacciones sin conexión, sin autorización de un banco y sin depender de una plataforma tecnológica. Además, ofrece un grado de privacidad que se pierde cuando cada compra deja un registro.

Los pagos digitales generan información sobre hábitos de consumo, lugares, horarios y relaciones comerciales. Un dato aislado puede parecer irrelevante; millones de registros acumulados permiten reconstruir aspectos muy detallados de la vida de una persona. La cuestión no es únicamente quién almacena esa información, sino quién puede consultarla, con qué fines y bajo qué controles.

Las filtraciones de datos, los robos de identidad y los ciberataques muestran que la protección tecnológica nunca es absoluta. El hackeo reportado contra Binance, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, es otro ejemplo de vulnerabilidad digital en tiempos de inteligencia artificial. La creciente concentración de información personal, incluidos datos biométricos y registros de propiedades, eleva las consecuencias potenciales de cualquier acceso indebido.

Combatir delitos y recaudar impuestos son funciones legítimas del Estado. Sin embargo, esos objetivos no justifican por sí mismos una vigilancia ilimitada de las operaciones cotidianas. La privacidad financiera requiere garantías legales, supervisión independiente y límites claros al uso de la información. No tendría que convertirse en una concesión de la autoridad.

También existe una dimensión social. Millones de mexicanos trabajan en la informalidad, habitan regiones con conectividad deficiente o prefieren utilizar billetes y monedas. Imponer un único medio de pago puede excluir precisamente a quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a servicios financieros. La inclusión consiste en ofrecer opciones, no en retirarlas.

La eficiencia tampoco debe confundirse con la resistencia. Un sistema puede funcionar con enorme rapidez durante años y detenerse por completo ante una falla puntual. Por eso, las economías necesitan mecanismos de respaldo y las personas, alternativas para realizar sus operaciones cuando la infraestructura digital no está disponible.

En este contexto de intervencionismo oficial en la vida cotidiana, utilizar más efectivo que nunca constituye una forma de protesta silenciosa en defensa de la privacidad y la libertad de elección. No implica rechazar la innovación, guardar todos los ahorros en billetes ni abandonar los bancos. Significa preservar un medio de pago complementario y evitar dependencias innecesarias. El mismo criterio de libertad debe aplicarse a las decisiones sobre ahorro, inversión y propiedad: cada persona debe poder elegir dentro de la ley cómo administrar sus recursos.

Los recientes incidentes tecnológicos recuerdan que incluso las infraestructuras más sofisticadas pueden fallar. El verdadero progreso no consiste en reemplazar una dependencia por otra, sino en combinar innovación con privacidad, seguridad y capacidad de elección.

Cuando el acceso al dinero queda condicionado por completo al funcionamiento de sistemas ajenos, el problema deja de ser exclusivamente tecnológico. Se convierte, inevitablemente, en un problema de libertad.

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