La refinería de Cadereyta, una de las más grandes del país, genera sospechas que van más allá de ser un grave emisor de contaminantes.
Se habla de posibles pequeños ductos ilícitos que salen de sus instalaciones y alcanzan más de dos kilómetros de distancia. Ocurre en otras refinerías del país. Presuntamente, delincuentes compran predios cercanos, los bardean y ahí se ordeña cómodamente, sin que las autoridades competentes puedan entrar por la vía legal. Ojalá se esclarezca esta información, que no está documentada, porque sería el colmo en esta temporada de ventilación masiva de prácticas de huachicol.
Apenas estaba mi equipo y yo investigando en el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) sobre lo que sucedía adentro de esta paraestatal, cuando desapareció este importante organismo por la “simplificación orgánica” que ordenó AMLO y que se operó el pasado marzo.
Nuestra refinería quedó marcada para mal desde aquel caso de corrupción que involucró al consorcio chino Conproca, con el que Pemex perdió más de $300 millones de dólares. Hasta la fecha, ese dinero aún no lo recuperamos.
En la primera época del huachicol, que consistía en la pica (perforación) y ordeña de ductos, además del robo de tractocamiones y pipas, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó, en diciembre de 2018, cerrar los ductos y frenar temporalmente la producción de la refinería de Salamanca, que estaba siendo sitiada por el cártel Santa Rosa de Lima, que manejaba la región del Bajío. Y estuvo a punto de hacer lo mismo con la refinería de Cadereyta, pero fue disuadido por el entonces titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza (actual director del Infonavit).
Como se recuerda, el desabasto de combustible se estaba volviendo incontrolable en siete estados, incluyendo Nuevo León, y afectó a más de 17 millones de mexicanos, en razón de lo que en economía se conoce como “demanda inelástica” (la cantidad de demanda cambia poco ante variaciones en el precio). Y siempre habrá actores dispuestos a explotar esta demanda insatisfecha.
A partir de ese caso, AMLO declaró que el delito del huachicol se había terminado por completo en México. Para fines prácticos, estaba cerrado. Y, para garantizar que no volvería a suscitarse, cedió la administración de las aduanas portuarias a la Armada. El resto es historia.
Ayer, durante el mensaje que dio en el tradicional desfile del 16 de septiembre, el actual Secretario de la Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, se refirió indirectamente a los sobrinos de su antecesor Rafael Ojeda: Roberto Mario Farías Laguna y su hermano Fernando, y a su supuesta red criminal que urdieron para introducir masiva e ilegalmente combustibles al país, con documentación arancelaria falsa. Señaló el Secretario: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante; y en la Marina no encontró lugar ni abrigo (…) Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación”.
A reserva de que el mal sí tuvo cabida en la Marina, con un mercado negro que se infiltró y cooptó a altos mandos, tanto que ya se volvió un escándalo internacional, lo cierto es que no se llegará a buen puerto —para seguir con las metáforas tan del gusto de nuestros jefes navales— si la FGR no da también un golpe de timón en Pemex y, en especial a la refinería de Cadereyta, que produce, según nuestros cálculos, 133,701 barriles de petróleo crudo por día (bpd), cuando debería producir 325,000 bpd, aunque la primera cifra no es superada por ninguna otra refinería del país.
Sin embargo, el año pasado Pemex perdió por corrupción más de $38,500 millones de dólares. Para darnos una idea, con ese dinero pudiéramos comprar Ford Motor Company y United Airlines juntas y a precio de mercado.
Se ha escalado el desvío de recursos públicos con el robo y venta ilícita de hidrocarburos sin parangón en ningún otro país.
Una ventaja es que ya se va tras la pista de 200 funcionarios públicos, empresarios, marinos y lo que se conoce como “agentes grises”, cooptados por el crimen organizado tanto en la Marina como en Pemex, y ya con órdenes de aprehensión, sin contar con la intervención gubernamental de 550 empresas. Veremos qué pasa en la refinería de Cadereyta.