¿El remedio que proponemos en NL contra el huachicol fiscal? 

Esta columna dio la primicia. Un reciente operativo en Nuevo León derivó en la detención de Jesús “N”, presunto operador de la red conocida como “Los Petrofactureros”. 

Lo dijimos: no es un caso aislado, sino la punta del iceberg de un esquema que corrompe la cadena logística de los hidrocarburos y que acaso comprometió el acuerdo del T-MEC.

La estructura criminal que esta columna ventiló opera mediante más de 40 empresas fachada dedicadas al contrabando de hidrocarburos importados desde Estados Unidos. ¿La mecánica? Documentación apócrifa y evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Todo, con la presunta complicidad de una institución financiera que ahora se encuentra en la mira de las autoridades.

Uno de los detalles que suenan, sotto voce, es la reciente subasta de caballos de un afamado financiero de San Pedro. 

Lejos de ser una anécdota frívola, este hecho cobra sentido como síntoma: el quebranto o la urgencia de liquidez de quien, por su alta reputación entre la sociedad sampetrina, fungía como facilitador financiero de la triangulación de recursos. Su mala suerte, bien o mal merecida, refleja que el cerco judicial —o la presión del Departamento de Justicia o del FinCEN del gobierno de Trump— aprieta a los “cuello blanco” de esta cadena delictiva.

Entonces planteo la pregunta: ¿cómo desincentivar este negocio ilícito de raíz?

Hace un par de semanas, planteé en esta columna una medida extrema: modificar el esquema de recaudación del IEPS para cobrarlo directamente en las estaciones de servicio, en lugar de hacerlo en la importación. 

Ayer, la Coparmex retomó esta idea nuestra durante la Primera Jornada Nacional de Análisis de la Cadena de Valor de las Gasolinas y el Diésel. 

La idea es trasladar el gravamen al punto final de venta. De esa forma eliminamos el margen de ganancia de la importación ilegal y se acaba la venta de combustible sin impuestos. Así de simple. 

Craso error sería vender esta receta como una solución exenta de obstáculos. Sin embargo, el argumento que más me oponen es que el SAT no tiene dientes para fiscalizar a las 14,000 gasolineras porque ya supervisa a 40 millones de contribuyentes. No digan tonterías. 

El verdadero obstáculo no es la falta de capacidad operativa, sino la falta de voluntad política para encarar a los grupos de presión que han impedido la instalación de controles volumétricos efectivos.

Estoy de acuerdo en que el SAT se enfrenta a la complejidad de fiscalizar en tiempo real tantas estaciones de servicio, sin generar cuellos de botella en el suministro. Pero en el gobierno todo se puede si se quiere. 

Para que la propuesta no naufrague, hay que blindarla. La medida exige una inversión decidida en tecnología: medidores volumétricos con sellos digitales auditables por la autoridad y reportes diarios obligatorios.

Además, se debe garantizar que las estaciones de servicio no se conviertan en nuevos focos de extorsión por parte del crimen organizado, que buscará cooptar a los gasolineros honestos para manipular los registros.

Lo cierto es que México no puede darse el lujo de aprobar una reforma fiscal sin un plan paralelo de seguridad para los expendedores.

En Nuevo León, esta herramienta sería letal para reducir los incentivos que alimentan tanto el huachicol tradicional —el robo de ductos— como el fiscal. Su éxito dependerá de que la autoridad no solo mire hacia las gasolineras, sino que persiga con la misma intensidad a las instituciones bancarias que lavan el dinero y a los financieros que, como el de San Pedro, ponen su reputación al servicio del capital ilícito.

Habrá que ganarles, aunque sea por una cabeza, como cantaba Carlos Gardel, a quien también le gustaban los caballos y la equitación. 

Bonus Track 

Seré claro. Estoy rotundamente en contra de bajar la edad para ser gobernador a 28 años en Nuevo León. El cargo exige un juicio templado por la experiencia que la mayoría no tiene a esa edad. Un gobernador tan joven tiene mayor riesgo de meter la pata. Modificar la Constitución por conveniencia política, además, debilita las instituciones y rebaja el estándar de preparación que merece el máximo cargo de nuestro estado.