El secuestro de Roxana y la deuda legislativa del Congreso local

El horror en México ya no se esconde; se viraliza. Las impactantes imágenes del secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán, arrastrada de su propio hogar por un comando armado ante la mirada impotente de su familia, son el vivo retrato de un país sin ley. Ante el terror, la respuesta institucional en Veracruz sigue la misma fórmula burocrática y fría: un escueto comunicado asegurando que “la están buscando”. Pero han pasado más de tres días y el tiempo juega en contra.

Medios de comunicación han dado cuenta de que detrás del secuestro de Roxana hay una historia de persecución que data de 2017, cuando el asesinato de su esposo, Carlos Fernández Escalante, la obligó a huir de Veracruz por seguridad. Tras años de exilio, su amor por el oficio la hizo volver en enero para fundar Pulso Informativo del Sureste (Pulso Nanchiteco). En tiempo récord, su periodismo hiperlocal y sus transmisiones en vivo fueron sumando miles de seguidores, incomodando con reportes ciudadanos sobre baches, abusos municipales o la venta de alimentos en mal estado, tema de su última investigación publicada.

Roxana no advirtió riesgo latente, pero el peligro que vive la prensa en México es permanente. Organizaciones como Artículo 19, Amnistía Internacional y CIMAC han activado alertas internacionales exigiendo que su labor periodística sea la línea prioritaria de investigación. No es para menos: Reporteros Sin Fronteras ubicó a México como la segunda nación más letal para la prensa a nivel mundial, solo por detrás de Palestina, y el segundo lugar global en desapariciones de comunicadores, superado únicamente por Siria.

¿Qué pasa en la legislación de Nuevo León?

La tragedia de Roxana en Veracruz no nos es ajena; es un espejo que debe sacudirnos en Nuevo León. Cabe preguntarnos: ¿qué estamos haciendo nosotros para proteger la libre expresión y a quienes cubren la nota periodística o incomodan al poder?

Aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) ha sido activa y pionera en la materia, sus esfuerzos topan con pared frente a un marco legal local que sigue siendo un peligro latente. Mientras en nuestro marco normativo sigan existiendo amenazas flagrantes a la libertad de expresión, no podremos garantizar la seguridad de nadie. El ejemplo más claro es la vigencia del delito de difamación en el Código Penal, una figura anacrónica que le ha generado a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León más de 15,000 denuncias.

Una vergüenza legislativa: México cuenta con 32 entidades y hoy somos uno de los únicos dos estados en todo el país que aún mantienen la difamación en el Código Penal. Es una pena que sigamos dando pie a violaciones de derechos humanos y condenando a penas corporales (cárcel) para una persona por sus expresiones, cuando estos conflictos deberían litigarse exclusivamente por la vía civil.

Aunque la mayoría de las bancadas en el Congreso local han promovido iniciativas para derogar esta legislación, la voluntad política de unos cuantos mantiene congelada una reforma urgente. Mantener penalizada la palabra es abrirle la puerta al acoso judicial y a la censura.

La esperanza se apaga

Roxana aún no aparece. Las horas acumuladas, la brutalidad con la que irrumpieron en su casa y el contexto de un país donde la delincuencia organizada opera con total impunidad en estados con altos índices de violencia —tan solo en el sexenio de Claudia Sheinbaum suman ya 13 periodistas asesinados— van minando la esperanza de encontrarla con vida. A esto se le suma la dolorosa inacción e indolencia de las autoridades, cuyo silencio ante los periodistas caídos cala hondo.

De corazón, esperamos que Roxana vuelva a casa sana y salva, aunque bajo estas circunstancias parezca un milagro. Su ausencia nos desgarra, pero su caso debe ser el catalizador para que en Nuevo León despertemos, legislemos y protejamos antes de que sea demasiado tarde.

¡No nos acostumbremos al silencio! ¡Nos falta Roxana!