La reforma electoral ya tiene forma y, como toda cirugía política en México, se anuncia como un avance democrático mientras esconde en sus suturas los viejos dilemas del poder.
El discurso oficial presume austeridad, modernización tecnológica y el fin de privilegios, pero la pregunta de fondo no es cuánto se ahorra ni cuánta inteligencia artificial se incorpora, sino quién gana control y quién pierde autonomía.
Reducir el costo de las elecciones en 25% es popular en el ánimo social; sin embargo, la democracia no es barata ni debe serlo si el precio es debilitar su capacidad de vigilancia. Limitar salarios en el INE puede sonar justo en tiempos de austeridad, aunque también envía el mensaje de que la independencia institucional es negociable cuando incomoda al poder político.
La reducción de órganos locales y el recorte del Senado, de 128 a 96 integrantes, no es una decisión técnica aislada: es una reconfiguración de los contrapesos territoriales que históricamente han servido para equilibrar el centralismo. El rediseño de las diputaciones plurinominales elimina las listas automáticas, lo que en apariencia fortalece la legitimidad, pero en la práctica transfiere el filtro a las estructuras partidistas, que siguen siendo territorios opacos donde la lealtad pesa más que el mérito.
La prohibición de donaciones en efectivo y el monitoreo con inteligencia artificial buscan cerrar la puerta al dinero ilegal, aunque la experiencia mexicana demuestra que la creatividad para evadir la ley suele ir un paso adelante de la tecnología. El voto electrónico en consultas y el combate a bots prometen modernidad, pero también abren un nuevo campo de disputa: la confianza digital.
Al final, esta reforma no redefine la democracia: redefine las reglas de competencia. Y en política, quien define las reglas rara vez lo hace en su contra.
NUEVO LAREDO: LA ADUANA AL LÍMITE
En la frontera donde el discurso se estrella con la realidad, la promesa de que en marzo comenzará a laborar nuevo personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México en Nuevo Laredo suena más a corrección tardía que a estrategia visionaria.
Si hoy los oficiales trabajan jornadas de hasta doce horas para sostener el flujo de quince mil tráileres diarios, la pregunta no es si se necesitaban refuerzos, sino por qué se permitió que la aduana más dinámica del país operara al límite durante tanto tiempo.
Erick Omar Salinas Flores admite lo evidente: el personal es insuficiente y la carga rebasa los horarios formales de exportación e importación, extendiendo la operación hasta la madrugada. Lo que no se dice es más revelador que lo anunciado: ¿cuántas plazas se autorizaron?, ¿bajo qué criterios se seleccionará a esos “profesionistas locales”?, ¿habrá controles de confianza robustos en una plaza históricamente asediada por intereses que no siempre son comerciales?
Celebrar la contratación sin transparentar las cifras es administrar expectativas, no resolver el problema estructural. La aduana no es solo una ventanilla fiscal: es un punto neurálgico de seguridad nacional y competitividad económica. Cada hora extra acumulada no solo desgasta al trabajador, también encarece la logística y erosiona la certidumbre para quienes dependen del comercio internacional.
Si marzo marca el inicio de una nueva etapa, que no sea únicamente un relevo de turnos extenuantes, sino el comienzo de una política aduanera profesionalizada, medible y blindada. De lo contrario, estaremos frente a otro parche burocrático en la frontera más exigente del país.
¡¡Yássas!!