El tercer informe tendrá acento electoral

Estamos ya sobre final de año y se acerca el tercer balance del trabajo de Manolo Jiménez al frente de la administración estatal. 

El informe del jefe del Ejecutivo ha definido sus fechas y desde hace unas semanas se envían las invitaciones para el acto.

Este año contempla situaciones especiales que más allá de la simple logística podrían obedecer a un mensaje político importante. 

El protocolo comenzará el próximo jueves 19 en el Congreso del estado cuando el secretario de Gobierno Oscar Pimentel acuda a entregar el documento a la presidenta Luz Elena Morales y pueda comenzar el análisis por parte de los legisladores y se vayan organizando las comparecencias. 

La siguiente fecha ha quedado definida para el martes 24 cuando Manolo Jiménez sé dé cita en el recinto de Coss para encabezar el acto protocolario en el que rendirá su informe solo ante invitados especiales y autoridades en donde básicamente dirigirá un mensaje general al pleno donde seguramente se resaltarán los temas importantes como la seguridad, desarrollo social y las inversiones seguramente tendrán una mención importante.

Pero lo verdaderamente relevante viene en el tercer evento que no será año el capital ni de la Laguna. Resulta que el acto público o informe ciudadano será la Región Carbonífera, en el municipio de Múzquiz donde reunirá a un conglomerado ciudadano y que ha sido en las últimas semanas objeto de situaciones relacionadas con la familia Flores. Municipio ahora gobernado por el PRI, está pequeña ciudad buscará convertirse en un bastión priista importante rumbo al proceso de 2027.

El mensaje parece ser claro y contundente. El orden y la seguridad viene desde el Ejecutivo y los grupos que podrían estarse frotando las manos rumbo a la elección en Torreón y Saltillo se quedarán con un palmo de narices. 

Vamos a mitad del camino y evidentemente el mensaje político, más allá de la relevancia de la rendición de cuentas y resultados, es trascendental.

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A unos días está de definirse los llamados comités de defensa de la cuarta transformación, o para decirlo de una manera más simple y coloquial, las candidaturas para diputados federales y alcaldes que participarán en la elección del próximo año en el estado por Morena.

Al parecer, y debido a la falta de cuadros importantes que garanticen por lo menos pelear la elección, la presidenta nacional, Ariadna Montiel, habría tomado la decisión salomónica de colocar a perfiles específicos muy definidos en la repartición de acuerdo a su representación y antecedentes electorales.

En Saltillo, Torreón y Piedras Negras la cosa ya estaría muy definida con personajes que han estado trabajando el territorio y aunque no salgan ganadores seguramente ocuparán un lugar en la lista.

Y es que aunque hay casos donde parecen comenzar a entrar en conflicto, como en el norte, la cosa concluirá con una rebanada del pastel para casi todos.

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En Coahuila se habla de recibir con los brazos abiertos a los paisanos que regresan de Estados Unidos para reencontrarse con sus familias durante las fiestas decembrinas. 

Se presume hospitalidad, seguridad y facilidades para quienes recorren cientos o miles de kilómetros hasta llegar a sus lugares de origen. Pero en Piedras Negras, un video exhibe una realidad incómoda: la de un viajero que, después de pagar sus impuestos en la aduana federal, termina enfrentándose a un funcionario estatal que insiste en revisar nuevamente su mercancía.

El protagonista de la controversia tiene nombre y cargo. Enrique Gerardo Labastida Elguezabal, identificado en la estructura orgánica de abril de 2026 de la Administración Fiscal General de Coahuila como jefe del Departamento de Análisis de Información Arancelaria, con funciones de auditor en el Punto Táctico Piedras Negras.

No estamos hablando, entonces, de un desconocido que simplemente se presentó como autoridad. La identificación del servidor público abre una discusión mucho más seria sobre la manera en que opera la fiscalización estatal en los cruces fronterizos.

En la grabación, el conductor asegura haber pagado aproximadamente cinco mil pesos de impuestos por las pertenencias que transportaba. Sin embargo, el auditor insiste en revisar la carga, cuestiona la documentación y fotografía las placas del vehículo. La discusión alcanza su punto más revelador cuando el funcionario marca distancia con la autoridad aduanera: “Ellos son federales y yo soy del Estado”.

Y ahí comienza el verdadero problema.

Porque una cosa es que Coahuila tenga facultades de fiscalización mediante convenios con la Federación y otra muy distinta es que esas atribuciones se ejerzan de una manera que provoque incertidumbre, confrontaciones y sospechas entre quienes transitan por sus carreteras.

¿Con qué fundamento se realizó esa intervención? ¿Existía una orden de verificación? ¿Qué irregularidad concreta se había detectado? ¿Qué procedimiento debía seguir el conductor y por qué no resultaba suficiente la documentación que aseguraba haber presentado ante la aduana

Son preguntas que debe responder la Administración Fiscal General, no los usuarios de Facebook ni los protagonistas de una discusión grabada con un teléfono celular.

Y aquí entra directamente José María “Chema” Morales Padilla, administrador fiscal general de Coahuila, a quien corresponde dar una explicación pública sobre la actuación de este tipo de funcionarios y los procedimientos que se aplican en los puntos de revisión estatales.

Morales Padilla debe aclarar bajo qué instrucciones operan los auditores de Comercio Exterior, qué mecanismos existen para supervisar sus intervenciones y cuáles son los límites de sus facultades cuando un conductor ya cumplió con sus obligaciones ante la aduana federal.

No basta con argumentar que el Estado tiene atribuciones para revisar mercancías. También debe acreditarse que cada intervención cumple con los requisitos legales y que los funcionarios conocen perfectamente hasta dónde pueden llegar.

El asunto cobra especial relevancia a unas semanas del periodo vacacional de diciembre, cuando numerosos mexicanos residentes en Estados Unidos regresan al país cargados de maletas, regalos, ropa, electrodomésticos y artículos destinados a sus familias.

¿Dónde queda entonces el famoso “Bienvenido Paisano” si después de cumplir con los trámites aduaneros los viajeros todavía deben enfrentar intervenciones cuya justificación no se les explica con claridad?

Resulta contradictorio promover una política de bienvenida y, al mismo tiempo, permitir que las revisiones se desarrollen de una manera que los viajeros perciban como presión o intimidación.

No se trata de exigir que desaparezcan las inspecciones ni de abrir las puertas al contrabando. Se trata de que las autoridades entiendan que fiscalizar no significa intimidar, que portar una identificación no concede facultades ilimitadas y que ningún ciudadano debe sentirse obligado a aceptar cualquier exigencia sin conocer su fundamento legal.

Las sospechas de extorsión que surgieron en redes sociales tampoco pueden convertirse automáticamente en una acusación penal. En el video no queda acreditada una solicitud de dinero. Pero la ausencia de esa prueba no elimina la obligación institucional de revisar la actuación del servidor público y explicar las circunstancias de la intervención.

Chema Morales tiene frente a sí un asunto que no debería resolverse con silencio institucional. La Administración Fiscal General debe explicar si la intervención estuvo debidamente justificada, si existía un procedimiento autorizado y qué garantías tienen los paisanos para evitar revisiones arbitrarias.

El gobierno de Coahuila también debe establecer reglas claras antes del incremento de viajeros de diciembre: identificación verificable de auditores, procedimientos documentados, información accesible para los paisanos y canales efectivos para denunciar posibles abusos.

Porque la bienvenida a quienes regresan a México no debería depender de cuántas revisiones puedan soportar antes de llegar a casa.

Si Coahuila quiere recibir a los paisanos con hospitalidad, debe comenzar por garantizar que sus propios funcionarios actúen con legalidad, transparencia y respeto. De lo contrario, el “Bienvenido Paisano” corre el riesgo de quedarse en un eslogan mientras la incertidumbre espera a los viajeros unos kilómetros después de la frontera.

¡¡Yássas!!