El gran pendiente de la elección Judicial —y, en su caso, de toda la reforma judicial— es su legitimación.
No es suficiente armar un tremendo y costosísimo operativo nacional que les da la posibilidad a los mexicanos de ir a votar por los juzgadores, si el proceso no cuenta con el consenso de una amplia mayoría.
Y sí, muchas encuestas y sondeos decían reflejar una fuerte aceptación de la reforma judicial —de acuerdo con sus cifras, claro—, pero la verdadera prueba es la elección, donde al menos tendría que haberse tenido un nivel de participación cercano al de las elecciones constitucionales.
La realidad es que fue muy lejano, con ese “tope” de 13.3 por ciento.
La realidad es que, entonces, esta fue una prueba “no superada”.
Al menos, no superada en su primera edición.
Eso no quiere decir que no pueda lograrse: tener un sistema democrático para el Poder Judicial, así como existe uno para el Ejecutivo y para el Legislativo, no debería ser imposible.
Hay quien argumenta —y no falto de razón— que la justicia en México debe estar depositada en personal de carrera, experimentado, y no elegido por mera popularidad o por un operativo de acarreo de un partido político.
Bueno, pero lo mismo podríamos decir de los otros dos poderes: deberían estar constituidos por profesionales de carrera, expertos y sensibles a las necesidades del cargo.
Para eso, para no llevar a “improvisados” al poder, fue que se creó el sistema de partidos —el cual, por cierto, hoy parece estar en crisis, porque ahora sí pasa lo que alguna vez se temió: “ahora la elección la puede ganar Cantinflas” …
Que el Poder Judicial lo ostente un grupo en la oscuridad, que se perpetúa sin que la sociedad pueda evitarlo y sin que haya un sistema de rendición de cuentas, no suena a un sistema deseable.
Y es lo que parecía prevalecer hasta hoy.
Pero, por supuesto, tampoco es deseable que el poder de los juzgadores cambie de manos mediante una elección sin legitimidad, donde la percepción es que “se impondrán autoritariamente a los nuevos juzgadores”.
Ni uno ni otro.
¿Qué tiene que pasar?
Crear un sistema de elección que sea convincente y legítimo; uno que logre una participación copiosa y suficiente de votantes en sus jornadas de elección; uno que deje satisfechos a los grupos que hoy gritan “fául”.
¿Por qué no pasó esta vez? Faltó tiempo… y quizá voluntad.
Parecía haber mucha prisa en hacer el cambio de manos antes de que pudiera terminarse este período de hegemonía de un partido mayoritario.
Pero esta situación no es sostenible.
A todos los grupos de interés se les tiene que dar igualdad de oportunidades para participar en este proceso, si se quiere verdaderamente crear un sistema de contrapesos y de conveniencia para todos los mexicanos en este ámbito tan crucial que es la impartición de justicia.
México no será un gran país hasta que no tenga fortalecido, legitimado y pulido su sistema de justicia, el cual esté verdaderamente libre de corrupción y manoseo.
La oportunidad está abierta para rediseñar este proceso e involucrar a los que hoy le han dado la espalda y han protestado mediante el abstencionismo.
No hay nada más sabio que trabajar de la mano de todas las fuerzas para construir un gran país.
Creando las condiciones adecuadas y creando los consensos, todos salimos ganando.
El consenso de la elección judicial es tarea pendiente, pero no imposible.
A las más altas esferas políticas es a quienes más les convendrá lograrlo, porque sólo mediante el consenso se puede lograr la continuidad.
Es el partido Morena quien más debe reflexionar en esto. Y que conste: ¡es por su propio bien!