La elección del primero de junio es ejemplo de simulación democrática, un ejercicio de cómo matar la democracia desde la democracia.
La democracia de los griegos, al igual que la representativa surgida en los siglos XVII y XVIII, demandan mayorías: no sólo la mayoría de los votantes, también la mayoría de los electores en las urnas; a esto se le llama legitimación.
Si atendemos el principio de mayorías para una elección, la mayoría dice a las instituciones de gobierno que el ejercicio del primero de junio es antidemocrático y no atiende al deseo del pueblo.
El partido hegemónico ha insistido que ellos representan al pueblo. En tal caso, la mayoría de los suyos, al igual que los opositores, dice que no le agrada la forma en que se manipula el sentido de democracia representativa.
En la primera mitad del siglo XX, la población no ejercía el derecho universal al voto; la ignorancia y la falta de cultura democrática provocaban que las elecciones fueran «preñadas», urnas abultadas con votos falsos.
Los procesos acreditados por la autoridad electoral advierten sobre la regresión a los tiempos en que se inflaban elecciones para hacer ganar al predestinado y simular legitimidad electoral.
Cada seis años es la misma preocupación: que la afluencia a las casillas supere la mitad del total de miembros en la lista nominal. En la judicial, no habrá democracia en las urnas; el pueblo ya dijo, con su ausencia, que no confía en el proceso.
Una elección ilegítima o fraudulenta reúne al menos tres condiciones: es de minorías en las urnas, no alcanza el 50% requerido para que sea de mayorías como se requiere (algunas democracias lo han resuelto con una segunda vuelta); los procesos de la jornada son irregulares, turbios, opacos, como sucede en la de junio, tanto al sufragar como durante el conteo de votos; y tercero, no existe competencia electoral: el oficialismo se impone por las buenas o por las malas.
La elección al poder judicial cumple con los tres elementos para considerarla ilegítima, fraudulenta, una verdad amañada; legal porque está en la Constitución, pero ilegal por ser contraria a la voluntad popular de los artículos 39 y 40 de la Carta Magna.
El INE estimó 20% de afluencia. En Nuevo León no llegará al 10%, y así otros estados. Esperemos que no simulen, como con la apertura de casillas, donde reportaron solo 16 no instaladas en el país, pero sólo en Nuevo León hubo decenas no abiertas por falta de funcionarios.
La elección del 1 de junio es de masas, lo que Polibio llamó oclocracia o Sartori denominó masacracia; no es una jornada del pueblo, pues esta categoría solo la adquiere la masa cuando está informada, decide en libertad, con conocimiento y responsabilidad.
Los acordeones no son ilegales; encuadran dentro de lo que sería propaganda electoral. Sin embargo, su uso durante la jornada electoral sí es delito. Peor aún que los pocos votantes necesiten de uno, lo cual habla del voto de la masa y no del pueblo. Lo más grave: abre la puerta al uso de acordeones en futuros comicios.
Las estimaciones de afluencia menores al 20% de electores (con todo y urnas «preñadas») anuncia que será una jornada antidemocrática. Incluso si se superan esos números, será lo que en derecho se llama “confesión de parte”, pues es matemáticamente imposible obtener más del 20% de electores.
Al cierre de esta columna, la mayoría de las casillas tenían extremadamente baja afluencia. Ni con mapachadas podrán justificar una votación superior al 10 por ciento.
La del primero de junio es una elección antidemocrática, ilegítima y contraria a la voluntad del pueblo, quien, con su ausencia en las urnas, dijo: ¡NO a esta farsa!