Elecciones espiadas

La promesa de llevar a cabo elecciones limpias y con apego a la ley, pactada el 9 de noviembre de 1991 entre los contendientes a la alcaldía regia, Benjamín Clariond Reyes (PRI) y Gerardo Garza Sada (PAN), se rompió al día siguiente. Durante la jornada electoral, el primero llevó a cabo actos de proselitismo en los sectores donde el voto no le favorecía, y el segundo realizó espionaje telefónico a los principales mandos priistas. Veámoslo a continuación.  

El 10 noviembre fue un día largo, donde, además de llevarse a cabo las votaciones, tuvieron lugar dos incidentes que acapararon la atención de los medios y de los ciudadanos. El primero tiene que ver con un operativo implementado por el equipo de Clariond Reyes, denominado operación “Fiesta”, que consistía en reunir la mayor cantidad posible de afiliados y simpatizantes priistas en los distritos electorales donde el PRI estuviera en desventaja de votos. Para motivar dicha congregación, por la tarde se reclutaba a los votantes transportándolos en las “peseras” de las centrales obreras, principalmente de la CTM. Al llegar al centro de reunión, se les ofrecían pizzas y refrescos, y se amenizaba con música para darle un toque de fiesta de amigos. De esta manera, se evitaba la sospecha de que se trataba de un evento proselitista en pleno día de elecciones, lo cual estaba prohibido por la ley. 

La logística principal de este operativo se basó en el uso sistemático de teléfonos celulares, mediante los cuales se informaba, al interior del PRI, la situación que prevalecía en las casillas, para determinar en cuáles habría que trasladar a los votantes reunidos en las casas que sirvieron como punto de reunión. En claras conversaciones sostenidas entre los integrantes del comité de campaña priista, ellos mismos se delataron. Una vez que consideraron que podrían ser escuchados de manera externa, tomaron precauciones y disimularon las llamadas promoviendo el voto. 

La operación “Fiesta” fue captada por los panistas a través de un rastreo de frecuencias de radio. En ellas —aseguró el dirigente estatal albiazul Fernando Canales— estaban involucrados Alejandro Lambretón, presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE); Jorge Manjarrez, secretario de Desarrollo Social; y Roberto Villarreal, delegado del IFE en Nuevo León. Las grabaciones fueron entregadas como pruebas del delito electoral en la reunión vespertina de la CEE. Canales reiteró a los medios que en estas grabaciones, elementos del PRI se ponían de acuerdo para llevar votantes en distintas colonias marginadas de Monterrey a las casillas electorales, coaccionándolos para realizar su voto.  En cuanto al valor legal de estas pruebas, dijo: “Estamos en manos de las autoridades priistas, y no sabemos si ellos van a darle legalidad como prueba a esta grabación, pero para nosotros lo más importante es su valor moral”. 
El responsable de captar las señales telefónicas de los tricolores fue Archivaldo Rullán Domínguez, empresario editorial, quien, después de ocho horas de intentos infructuosos, logró ubicar las señales. En una de las salas del PAN se concentraron militantes y reporteros para escuchar y grabar los diálogos, en los cuales se escucharon las conversaciones entre Benjamín Clariond y sus coordinadores.

Por la noche, durante la tercera reunión de la CEE, el PRI denunció el presunto espionaje del que fue objeto durante las votaciones por parte de Acción Nacional. Indicaron que no admitían que la grabación dada a conocer a los medios de comunicación, en la que se involucraba a Benjamín, correspondiera realmente a su voz. Negaron categóricamente que su candidato hubiera realizado actos de proselitismo durante la jornada electoral. Señalaron que el delito cometido por los panistas era de índole federal, “ya que se violó el artículo 167, fracción novena, de la Ley Federal de Vías de Comunicación”. Por su parte, el candidato tricolor aseveró: “Desmiento la afirmación injuriosa de Gerardo, producto únicamente de una imaginación enfermiza, por desesperada, seguramente resultado de su incapacidad para ganar el respaldo de los electores”. Advirtió que interpondría una demanda penal ante las autoridades federales por espionaje y violación a las vías de comunicación. 

El 11 de noviembre, el columnista Federico Arreola criticó arduamente el método utilizado por los panistas para espiar la operación “Fiesta”. Señaló: “Como en aquel famoso Watergate. Los panistas lo hicieron sin ética, desde luego. Sin respetar la dignidad de los priistas. Con una total falta de escrúpulos que hubiera escandalizado al fundador del PAN, el humanista Manuel Gómez Morín. Pues para combatir una supuesta inmoralidad (el fraude electoral), los panistas cometieron otra, y no puede saberse con certeza cuál de las dos es la más grave. (…) Esa práctica de espionaje (decididamente contraria a los derechos humanos) ha servido para demostrar que los panistas son, por lo menos, tan ruines —cuando se lo proponen— como los rufianes electorales (por fortuna en vías de extinción) que los miembros del PAN dicen combatir. Gerardo Garza Sada y José Luis Salas no debían escuchar las conversaciones de otras personas, aunque circunstancialmente fuesen políticos. Los panistas de Monterrey también deberán ser castigados por este caso”.

El mismo día se pronunció Javier Velasco, director jurídico de la Fundación Nuevo León Cambio XXI, reprobando las acciones de espionaje del PAN, argumentando que Garza Sada, antes de dar a conocer dichas conversaciones a los medios, “debió considerar si este acto era lícito o no”. Pocos artículos respaldaron el operativo panista; solamente en una editorial se reconoce el efecto de este presunto espionaje: “No ha quedado del todo claro si, conforme a la legislación actual, los panistas hicieron un acto ilegal, pero, aunque así fuera, no se puede más que aplaudir su decisión e ingenio. Ante los reiterados esfuerzos del PRI-Gobierno de violar la voluntad ciudadana no queda más remedio que valerse de cualquier medio para desenmascarar a los rufianes electorales”. 
La votación concluyó en medio de críticas, denuncias y altercados entre priistas y panistas, existiendo la posibilidad de anular las elecciones de Monterrey y sancionar a los candidatos de dichos partidos por cometer flagrantes delitos electorales. Veremos.