Un financiero de alto perfil de la entidad —de esos que dicen movieron los hilos en el huachicol fiscal, de esos que saben qué cuenta espejeó qué transacción y de esos que saben sobre vectores y caballos— evalúa con su equipo de asesores la posibilidad de entregarse como testigo protegido a las autoridades estadounidenses.
Sería una opción lógica, previsible, para alguien que ya no tiene muchas opciones.
El gatillo de esa tensión es un reportaje brutal. El pasado 27 de junio, The New York Times reveló que al menos una decena de altos funcionarios mexicanos —la mayoría actuales y del sexenio pasado de Morena— han ofrecido información a Washington sobre sus propios compañeros de partido.
Lo hacen discretamente, mientras Trump aprieta tuercas tras las acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios por colaboración con el Cártel de Sinaloa. La cacería empezó. Se levantó la veda.
Los incentivos son brutales y el tiempo va contrarreloj. Sobre estos posibles informantes que quieren salvar su pellejo The New York Times publicó hace días un reportaje.
Su reportaje no está solo. Desde 2024, investigaciones de ProPublica y The Washington Post han documentado cómo las fiscalías federales en el sur de Texas y el este de Nueva York han recurrido a testigos colaboradores mexicanos en casos de corrupción transnacional.
Es un mecanismo socorrido. Digamos que un método que les funciona a los gringos.
La presidenta Sheinbaum desestimó el reportaje el pasado 29 de junio. Cuestionó las fuentes anónimas. Lo cierto es que muchos funcionarios prefieren negociar con Washington. Chivatear es para ellos supervivencia.
¿Por qué un empresario es un posible próximo testigo protegido de Nuevo León? Porque aquí el dinero corre rápido.
Esta columna ha soltado más de 10 exclusivas antes de que la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas abriera líneas de indagación sobre desarrollos inmobiliarios en San Antonio vinculados a capital regiomontano.
Nadie ha sido acusado formalmente todavía. Pero los expedientes existen. Las carpetas están abiertas. Y un operador financiero de alto perfil carga con secretos que valen oro para un fiscal estadounidense.
Basta saber trazar el camino del dinero. Y el sistema norteamericano lo sabe. Y lo premia. La sección 5K1.1 de las directrices federales de sentencia —en cristiano: una regla que permite al fiscal pedirle al juez una reducción considerable de la condena si el acusado coopera de forma sustancial entregando información valiosa o testificando contra otros— abre la puerta a negociar años de cárcel.
Y viene el premio mayor: los acuerdos de non-prosecution, los pactos en los que el fiscal se compromete a no presentar cargos a cambio de colaboración total.
¿Hablar primero o ser devorado por el que ya habló? A quien le interese, le puedo explicar en qué consiste la teoría de juegos y el dilema del prisionero.
Claro que hay razones para no cooperar. El miedo a las represalias es real. El costo reputacional, también. Pero la alternativa es la cárcel y la pérdida de todo. Pregúntenle a “El Chapo” y a García Luna. Está de pensarse.
El efecto dominó es la pesadilla silenciosa del oficialismo.
La lealtad se desmorona cuando la supervivencia individual grita más fuerte que la disciplina partidista.
¿Saldrá un testigo protegido de las filas empresariales pro 4T de Nuevo León? Sí. ¿Está preparado el ecosistema financiero y político regiomontano para lo que vendrá cuando esa figura emerja y cante? No.
La noche viene oscura y caliente.
Bonus Track:
Canta Frank Zappa en una canción: “Soy la herramienta del gobierno”. Es decir: instrumento de poder y peón útil del sistema. El Departamento del Tesoro de EUA reporta que sus instituciones financieras detectaron más de $7,000 millones de dólares en actividad sospechosa en los últimos 10 meses. Más de un tercio de la gasolina y del diésel vendido en nuestro país podría ser ilícito. El huachicol fiscal es la herramienta del gobierno o la historia moderna de México. Acaso sea las dos cosas.