¿Empresas de Nuevo León lavan dinero y sus dueños tienen visa?

Cuando la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) imputó a Vector SA de CV por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico, en 2025, el caso ha generó una ola de especulaciones. 

Circuló el rumor de que a Alfonso Romo se le había retirado la visa estadounidense —lo cual es falso— y de que su situación financiera lo obligó a prescindir de vehículos, equipo de seguridad y artículos de lujo, lo cual es, en cierta medida, cierto.

Muchos lectores me preguntan por qué se imputó a la casa de bolsa y no se acusó directamente a los dueños. La respuesta es simple: es posible y es legal. 

La sanción recayó sobre la persona moral, no sobre las personas físicas.

Según FinCEN, entre 2013 y 2021 Vector presuntamente movió alrededor de $2 millones de dólares de dudosa procedencia. Entre 2018 y 2023 se documentaron pagos superiores al millón de dólares a empresas chinas conocidas por enviar precursores químicos usados en la producción de fentanilo, además de transacciones por más de $40 millones de dólares vinculadas a empresas asociadas con Genaro García Luna.

Esta columna dio la primicia, en diciembre de 2025, de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había revocado la autorización de Vector para operar como casa de bolsa y como operadora de fondos de inversión, a solicitud de la propia entidad. 

Sin embargo, hasta donde llegan mis fuentes, hoy no existe ningún documento público de FinCEN ni de resolución oficial posterior que contenga una sanción personal directa contra Alfonso Romo, ni una confirmación de que el Departamento de Estado le haya revocado su visa. 

Sé que Romo y sus familiares han viajado a Estados Unidos sin contratiempos y continúan haciéndolo.

Algunas columnas periodísticas especularon sobre restricciones o congelamientos de negocios que en realidad nunca se materializaron. 

Dicho de otro modo, la medida sancionadora se concentró en la institución, no en el accionista controlador. 

También se conjeturó que Vector, como otras casas de bolsa, había contratado a exagentes de la DEA como oficiales de cumplimiento para “blindar” a los dueños. No hallé en los registros públicos nada que conste como evidencia de que lo hicieran.

Lo que sí tengo documentado es que la firma contaba con un programa formal de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (AMLCFT), con oficial de cumplimiento, políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones y reportes. 

¿Por qué entonces la imputó FinCEN? Porque el Departamento del Tesoro concluyó que esos controles resultaron insuficientes frente a un patrón prolongado de operaciones sospechosas. La sanción recayó sobre la entidad; los dueños no aparecieron nombrados en las órdenes de prohibición de transferencias.

Esa distinción hace toda la diferencia. Aunque a algunos no les guste. Por eso es un exceso que se diluya en mensajes como el que formuló Stephen Miller, principal asesor e ideólogo de Donald Trump. 

Miller afirmó que tanto los cárteles mexicanos como los dueños de empresas que posiblemente laven dinero son, en esencia, lo mismo: terroristas. Los comparó con ISIS y Al Qaeda, con la diferencia de que operan “a pocos metros” de la frontera. 

El tono me sonó francamente bélico: organizaciones que matan, extorsionan y secuestran a quien se interponga.

Pero la ley —tanto en Estados Unidos como en México— distingue entre sancionar a la empresa y dejar intactos a sus dueños. El compliance formal funciona, en la práctica, como amortiguador: la institución puede ser sacrificada sin que el propietario pague un costo penal inmediato. 

El riesgo legal se convierte, en muchos casos, en un problema regulatorio manejable.

El caso Vector ilustra esa diferencia. Confundirla con un discurso de guerra abre la puerta a generalizaciones peligrosas sobre el empresariado de Nuevo León y sobre cualquiera que opere en sectores financieros regulados.