En NL, Maru Campos no entregaría al fiscal 

En Chihuahua, la Fiscalía General del Estado no es un órgano autónomo. 

Depende, jurídica y políticamente, de la gobernadora Maru Campos. Dicho de otro modo, es —o era— empleado suyo. 

Esa es la diferencia con lo que ocurre, por ejemplo, en Nuevo León, y es el punto de partida para entender por qué resulta tan difícil creer la versión oficial sobre el caso de los agentes de la CIA muertos en un accidente carretero en abril de 2026.

En Nuevo León, desde 2018, la Fiscalía General de Justicia es un organismo constitucional autónomo, tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, presupuestal y de gestión. 

El fiscal no es empleado del gobernador. Su nombramiento pasa por el Congreso y su remoción exige causas graves y mayoría calificada. 

Puede haber tensión política, fricción por el presupuesto, pero el diseño institucional está pensado para que el titular de la persecución penal no dependa del día a día del Poder Ejecutivo.

Como se sabe, el actual fiscal general de Nuevo León es Javier Flores Saldívar, designado por unanimidad por el Congreso local el 18 de febrero de 2025 para el periodo 2025-2031. 

Se coordina, pero no se subordina al titular del Ejecutivo, Samuel García Sepúlveda. 

En ese esquema nuevoleonés, el fiscal no responde de manera directa al gobernador.

En Chihuahua, por el contrario, la Fiscalía sigue siendo una dependencia del gobierno estatal. 

La gobernadora Maru Campos tiene facultades constitucionales para designar al encargado del despacho, como lo hizo públicamente el 9 de octubre de 2026 al nombrar a Gilberto Loya. 

El propio Congreso local de Chihuahua discute todavía —sin haber concluido los debates que van para largo — una reforma a fin de otorgarle autonomía. 

Mientras esa reforma no se apruebe y entre en vigor, el fiscal responde, en última instancia, a la gobernadora.

Dicho de otro modo, el Fiscal le rinde cuentas a la gobernadora. 

Así sucedió también con César Jáuregui, hoy chivo expiatorio, preso en el Altiplano.  

Ese diseño institucional de Chihuahua hace poco creíble la narrativa de que el entonces fiscal Jáuregui “actuó por la libre” y que la gobernadora no estaba enterada de la presencia de agentes de la CIA en un operativo de la Agencia Estatal de Investigación. 

Un fiscal que depende del Ejecutivo no suele montar por su cuenta un operativo sensible en la Tarahumara, con personal extranjero armado, sin que el Palacio de Gobierno tenga conocimiento. 

Menos cuando el propio gobierno estatal ha defendido durante años un modelo de coordinación estrecha entre seguridad y procuración de justicia.

La versión desorbitada de que Maru “no sabía” funciona más o menos como escudo político, pero cae por su propio peso: choca con la lógica del poder. 

En un sistema donde la Fiscalía no es autónoma, la gobernadora no puede desentenderse de las decisiones estratégicas de su fiscal sin admitir, al mismo tiempo, una falla grave de control institucional. 

O sabía y autorizó, o no sabía y, entonces, el control que dice ejercer sobre la procuración de justicia era ficción, lo cual no es creíble. 

De ahí planteo una hipótesis: la entrega de Jáuregui a la justicia federal —y el discurso de “nadie está por encima de la ley”— forma parte de un cálculo de sobrevivencia. Una toma y daca. Una negociación forzada. 

Dudo que realmente estuvieran distanciados Maru y Jáuregui. Fue una entrega. Punto. 

Sacrificar al fiscal que ella nombró, señalarlo como el único responsable y presentarse como quien “pone orden en casa” es propio de Maquiavelo, a quien no creo que la gobernadora leyera. 

El acuerdo explícito con la Federación la dejará salir relativamente ilesa del escándalo a cambio de entregar a su propio excolaborador.

O quizá no. 

Un fusible quemado puede no evitar un corto circuito posterior. 

También lo sabía Maquiavelo: Roma no paga traidores.