Enfermarse lujo privado en Monterrey 

El hijo de una amiga, que ha pasado por varias cirugías derivadas de un mal que ya fue resuelto, sufrió hace días leves incomodidades respiratorias. 

Se trata de un menor de cuatro años y siete meses que llegó a un hospital privado con tales síntomas respiratorios. 

Le diagnosticaron neumonía atípica y le cobraron más de $8,500 pesos en medicamentos y tratamientos. 

Luego le advirtieron a mi amiga, la mamá del menor, que su hijo tenía que ser intervenido quirúrgicamente, de urgencia, por una hernia. 

Casi la obligaban a internarlo de inmediato. Mi amiga se negó tras hablar y enviar las radiografías a especialistas de su entera confianza. 

Días después, una prueba confirmó que lo que tenía el niño era una cepa muy leve de COVID. 

Nunca le pidieron en ese hospital privado abusivo, como mínimo, una prueba de antígeno al inicio.

Esto fue lo que le cobraron a la familia: prednisolona oral por $4,369 pesos; radiografía de tórax por $1,004 pesos; tres nebulizaciones con salbutamol e ipratropio por $920 pesos; tres sesiones de micronebulización por $635 pesos; budesonida inhalada por $211 pesos; nebulizador y materiales por más de $160 pesos; y atención de urgencias por $215 pesos. El total ascendía a $8,599 pesos. 

Todo lo anterior para terminar advirtiéndole que su hijo requería la operación de una hernia que era inexistente. 

El COVID no se trata con antibióticos como la azitromicina que también le recetaron, ni con corticoides sistémicos de entrada, ni con paquetes de nebulizaciones automáticas. 

Todo eso lo aplicó el hospital sin haber confirmado primero qué tenía el niño.

Esta mala práctica se está volviendo frecuente en Monterrey: se diagnostica, se receta y se cobra sin un fundamento mínimo. 

Se saltan la prueba más simple, la más elemental, y se inicia un tratamiento costoso y, lo peor, innecesario. 

Al final, la familia, manipulada para caer en la angustia, paga la cuenta de algo que no hacía falta.

El caso de mi amiga, lamentablemente, no es excepcional. Es el síntoma de un problema mayor en Nuevo León: enfermarse se ha vuelto un lujo. 

En otra columna señalaba yo que, mientras la inflación general ronda entre 3.6% y 4%, la inflación médica cerró 2025 en 14.5% y se proyecta cerca de 15% para 2026. 

El gasto representa ya 43% del gasto total en salud, es decir, más del doble de lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud. 

Entre 2018 y 2024, ese gasto creció 41.4% en términos reales. ¿Tiene parte de la culpa el desorbitado cobro de seguros de gastos médicos? Sin duda alguna.

Una noche de hospitalización privada oscila entre $5,000 y $14,000 pesos; una terapia intensiva puede llegar de $40,000 a $130,000 pesos diarios.

Una apendicectomía parte de los $100,000 pesos, bajita la mano.

Un paquete de cesárea se mueve entre $40,000 y más de $100,000 pesos. 

Y ya no hablaré de tratamientos anuales de enfermedades como leucemia, hepatitis o cáncer de mama, que superan con facilidad los $200,000 o $900,000 pesos. 

¿El resultado? Una doble desigualdad. Quien tiene buen seguro o liquidez recibe atención rápida. Quien no, enfrenta el dilema de endeudarse o postergar. 

Y mientras se sigan abriendo tratamientos costosos sin el diagnóstico mínimo, como le ocurrió al hijo de mi amiga, la factura no solo será alta: será innecesaria.