La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucionales los artículos de la Ley de Hacienda de Nuevo León que regulan el impuesto verde a las pedreras abre un boquete no solo fiscal, sino también de profunda incertidumbre en la política ecológica local. Bajo el argumento de que el cobro invade facultades de la Federación en materia de minería, el fallo desmantela un mecanismo que, con todo y sus imperfecciones, comenzaba a consolidarse.
Actualmente, el Gobierno del Estado recibe más de $2,000 millones de pesos anuales por concepto de impuestos verdes. Más allá de la recaudación, este gravamen ha cumplido una función crucial: obligar a que comercios y empresas volteen a ver su impacto e incrementen de manera real sus acciones ambientales. No se trata de un capricho recaudatorio, sino de una herramienta fiscal indispensable para que el Estado cuente con recursos frescos orientados a rehabilitar, preservar y defender las golpeadas zonas naturales de nuestra entidad. Es un instrumento que, por supuesto, debe ir perfeccionándose en el camino legal, pero cuya esencia es irreprochable.
Sin embargo, para defender con legitimidad el impuesto verde, las cartas deben estar limpias. Lo que, sin duda, ha faltado es transparentar el destino de esos recursos con total pulcritud y establecer programas de remediación claros y visibles. La ciudadanía necesita certeza de que cada peso recaudado se traduce en árboles plantados, en aire limpio y en ecosistemas restaurados, no en licuadoras presupuestales de gasto corriente.
Mientras el marco legal se tambalea en los tribunales, el panorama general del aire que respiramos sigue atrapado en la parálisis institucional. Hace ya año y medio que la Presidenta instruyó formalmente que se realizara un estudio exhaustivo del inventario de emisiones de la zona metropolitana a través de la UNAM, el cual serviría como piedra angular para diseñar un programa definitivo de acciones regulatorias aplicables a todas las fuentes contaminantes. Ante esta orden, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, se comprometió a dar un seguimiento puntual al tema y a participar activamente en la Comisión Ambiental Metropolitana con el objetivo de entregar resultados contundentes que mitigaran la pésima calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey (ZMM).
El problema es que el inventario no llega, las mesas de trabajo no avanzan y esos resultados contundentes simplemente no han sucedido. Mientras las promesas federales se desgastan, las disputas competenciales y la apatía burocrática siguen ganando terreno. Los estragos de la contaminación continúan provocando un daño ambiental gravísimo e irreversible, cobrando una cuota directa y diaria en la salud de las familias que habitamos la ZMM. Urge perfeccionar las herramientas locales, transparentar los fondos y exigir a las autoridades que presenten los estudios pertinentes para poder dictar acciones claras. Respirar no puede seguir siendo un acto de resistencia.