Opiné el fin de semana sobre por qué no debería seguirse el juego al delegado de Morena en Nuevo León, Alejandro Murat. Di nombres y apellidos de quienes operan a la luz y a la sombra para impulsar un juicio político contra el gobernador de Nuevo León.
Aunque la respuesta fue una predecible oleada de ataques automatizados en redes, el ruido de los bots no modifica los hechos ni detiene mi investigación periodística.
Como lo documenté, la estrategia de Murat revela fisuras notables.
El 25 de mayo, junto con una parte de la clase política local, anunció denuncias contra el gobernador y contra el alcalde de Monterrey, en este caso por Next Energy.
Sin embargo, el manejo de los tiempos reveló un sesgo: dos días después solo se presentó la denuncia contra el mandatario estatal. Fue hasta el 3 de junio, cuando Monterrey ya había cancelado el contrato, que se procedió contra el otro jugador, dejando la maniobra sin margen real de éxito. En la práctica, Murat concedió oxígeno y tiempo clave a un solo actor político.
No me cansaré de insistir: promover juicios políticos contra gobernadores desde los congresos locales genera inestabilidad estructural. Estos procesos convierten a las instituciones en campos de batalla partidista, paralizan la gobernanza y polarizan a la sociedad.
En Nuevo León, destituir al gobernador bajo estas condiciones equivaldría a entregarle una plataforma de movilización gratuita al PRI y al PAN, los rivales por antonomasia de Morena. Y basta mirar el tablero nacional para entender por qué esto es un error táctico para la 4T.
El pasado 8 de junio, el PRI arrasó en el Congreso de Coahuila: se llevó las 16 diputaciones de mayoría relativa con 684,515 sufragios. Carro completo.
Frente a esa muestra de músculo electoral en un estado vecino, regalarle a la oposición un relato de ajuste de cuentas en Nuevo León solo habría fragmentado a la 4T norteña.
La propia dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, acabó por actuar con pragmatismo durante su reciente visita a Monterrey: le quitó el fierro candente al tema del juicio político. El costo supera cualquier beneficio.
Pero el riesgo de fomentar inestabilidad institucional no se limita a la contienda electoral local; tiene ramificaciones profundas para la soberanía nacional.
Provocar crisis políticas internas debilita al Estado justo en un ecosistema de altísima presión externa.
Vemos un endurecimiento de la política estadounidense hacia México. Donald Trump acaba de designar a James McDonald como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y elevó a Jay Clayton a la Dirección de Inteligencia Nacional. Este último movimiento es crítico: desde su puesto anterior, Clayton ya manejaba expedientes de alto perfil sobre estructuras de protección política y narcotráfico en México, incluidas investigaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Hoy, esos expedientes multiplican las presiones bilaterales sobre el gobierno mexicano.
Como advierte el teórico político John Mearsheimer en La tragedia de las grandes potencias, las divisiones internas y la debilidad percibida de un país invitan a las potencias externas a ejercer mayor presión, especialmente cuando argumentan temas de seguridad nacional. Huelen la sangre.
Insistir en juicios políticos y cacerías de brujas en Nuevo León, bajo este clima de vulnerabilidad, multiplica riesgos sin resolver los problemas de fondo.
Por mi parte, seguiré investigando y documentando cómo se construyen estos andamiajes que de suyo son frágiles.
La gente tiene derecho a saber qué derivaciones reales generan estos pactos políticos para la estabilidad de nuestro país.