‘…los ciudadanos se indignan ante la injusticia tanto como los que no la sufren y actúan en consecuencia’: Solón.
Miles de ojos vigilarán la elección del 7 de junio. De acuerdo con el INE, serán más de 4 mil ciudadanos los que se encargarán de observar la jornada, tras acreditarse para supervisar los únicos comicios que se celebrarán en 2026 en México. Debido a ello, y a que en 2027 sí habrá procesos federales, Coahuila será una especie de laboratorio en varios sentidos.
Desde la implementación de métodos de conteo y estimación de tendencias de manera virtual, mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial, hasta mecanismos para que el ciudadano pueda presentar denuncias en tiempo real con evidencia que permita la actuación inmediata de las autoridades. A esto se suma la operación, por primera vez, de la urna electrónica en casillas especiales que serán instaladas en distintos municipios del estado y cuyos votos contarán oficialmente en los resultados.
Adicionalmente, las autoridades electorales establecieron nuevas reglas para eficientar el trabajo de los funcionarios de casilla y atender contingencias tanto en la instalación como durante el desarrollo de la jornada. El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) también cuenta con nuevos algoritmos que elevan el nivel de confiabilidad y reducen el tiempo de publicación de resultados.
Asimismo, se incrementó el número de medios replicadores del PREP y se desarrollaron modelos técnicos para prever posibles apagones o fallas imprevistas. Ojalá que, de algún modo, todo ello contribuya a superar el mayor obstáculo: el abstencionismo, que, de acuerdo con datos recientes de elecciones similares, supera el 60 por ciento.
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Se multiplicaron las voces desde Coahuila que cuestionan y califican como una aberración inviable la implementación del llamado “Pase Turístico”, que autoridades de Nuevo León pretenden exigir a cualquier visitante foráneo que circule por su territorio.
Bajo el argumento de reforzar la seguridad, la propuesta resulta poco clara, sobre todo respecto a quiénes tendrían que asumir la carga de tramitar dicho permiso. Y es que, como ya se ha señalado, la vida social, económica, comercial, cultural y deportiva entre ambos estados es constante, diversa y estrecha, por lo que la medida suena impracticable desde cualquier ángulo.
No hay forma de implementarla ni de operarla de manera eficiente. Más que una estrategia viable, parece ocurrencia. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León se encuentra entre las entidades con mayor incidencia delictiva, un problema que responde más a la falta de políticas públicas efectivas que al ingreso de vehículos provenientes de estados vecinos.
Sin embargo, todo indica —y ojalá no sea así— que el capricho podría imponerse a cualquier costo.
¡¡Yássas!!