A tambor batiente cerrará este año la administración de Manolo Jiménez en lo que se refiere a la entrega de obras en distintas regiones del estado.
La estrategia es mantener el ritmo de trabajo, pero el panorama para 2027 podría ser muy distinto.
Y es que en el mercado de la construcción ya se anticipan incrementos, para diciembre próximo y enero de 2027, en insumos básicos como el acero y el cemento, cuyos precios podrían registrar aumentos significativos.
Esta situación pondría presión sobre la contratación de obras que ya tiene proyectadas la Secretaría de Infraestructura para el cuarto año de la administración estatal.
La cosa luce complicada si se toma en cuenta que el presupuesto del próximo año también estará muy disputado en el Congreso, donde se anticipa un debate que no parece favorable para entidades como Coahuila, como ha sucedido prácticamente cada año desde que Morena y la llamada Cuarta Transformación gobiernan el país.
En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aseguran que han logrado sortear la situación; sin embargo, reconocen que los incrementos de costos son inevitables. Aunque también hay quienes consideran que, a veces, llorar de más termina generando dividendos bastante generosos. Ya lo veremos.
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Seguro muchos de ustedes conocen la fama que arrastran los diputados federales. Que si van a dormirse, a calentar la curul para cobrar jugosas quincenas y darse la gran vida en la Ciudad de México. Bueno, mentira tampoco es. Aunque de vez en cuando aparece alguna propuesta que vale la pena revisar.
Por ejemplo, Thelma Kalionchiz, más conocido por sus desplantes que por su trabajo legislativo en San Lázaro, lanzó una iniciativa que seguramente no cayó nada bien en la bancada de Morena: destinar $3,500 millones de pesos para finiquitar los adeudos que Altos Hornos de México mantiene con obreros que llevan casi cuatro años sin trabajo.
La propuesta, según explicó, busca que el Gobierno federal aporte recursos para avanzar en la solución de los compromisos laborales pendientes y aliviar el golpe económico que sigue afectando a toda la región.
Por lo pronto, con esta subida a tribuna, Kalionchiz ya desquitó el sueldo de noviembre. Falta ver qué dice la cargada morenista. ¿O usted qué opina?
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A más de dos meses de que el país conoció el caso de Rocky, el perro maltratado presuntamente por una de sus dueñas, Liliana N, la acusada sigue detenida y a la espera de que se resuelva su situación jurídica.
Pese a los diversos intentos de su defensa por conseguir que enfrente el proceso en libertad o bajo resguardo domiciliario, hasta ahora no lo han logrado.
Hay quienes consideran que, más allá de la sanción que eventualmente pudiera imponérsele, también debería valorarse que existen dos menores de edad, sus hijos, que han pasado todo este tiempo separados de su madre.
Desde luego, nadie plantea que la ley deje de aplicarse. Pero sí surge la discusión sobre si, mientras se emite una sentencia definitiva, el proceso podría desarrollarse bajo otras condiciones. Tema delicado. ¿Usted qué cree?
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MONTALVO: ¿EL COMPADRAZGO CON JERICÓ LE ALCANZARÁ PARA SEGUIR EN LA UADEC?
En la Universidad Autónoma de Coahuila hay personajes que parecen confiar más en sus relaciones políticas que en los resultados de su trayectoria. Uno de ellos es Jesús Alberto Montalvo Morales, exdirector de la Facultad de Ciencias de la Administración de Saltillo, cuyo nombre vuelve a circular en los movimientos internos relacionados con la posible reelección del rector Octavio Pimentel Martínez. Detrás de ese escenario aparece una figura que lo acompaña desde hace años: el diputado federal Jericó Abramo Masso, a quien diversos actores universitarios señalan como su compadre. La pregunta es si esa cercanía política y personal terminará traduciéndose en una nueva posición de poder dentro de la máxima casa de estudios.
El movimiento que se atribuye a Montalvo responde a una lógica política muy concreta: respaldar la reelección de Octavio Pimentel para asegurar un espacio dentro de la Rectoría. Según distintos trascendidos universitarios, Montalvo habría comentado que, si su compadre Jericó no consigue la candidatura al Gobierno de Coahuila, la UAdeC podría convertirse en una plataforma para posteriormente alcanzar una posición dentro de la administración estatal. Una apuesta que convertiría los cargos universitarios en piezas de negociación política, cuando su función debería responder exclusivamente a las necesidades académicas y administrativas de la institución.
Montalvo arrastra un historial de controversias que difícilmente puede ignorarse. En 2020 fue suspendido cinco días sin goce de sueldo por la organización de una graduación masiva durante las restricciones sanitarias. Posteriormente surgieron señalamientos estudiantiles por presunto trato misógino, cuestionamientos sobre cobros de exámenes extraordinarios y denuncias relacionadas con conflictos laborales. Más recientemente, en octubre de 2026, enfrentó una denuncia por presuntas amenazas contra un estudiante, acusación que rechazó. La universidad debería explicar qué ocurrió con cada uno de estos procedimientos y cuáles fueron sus resultados, en lugar de permitir que los cuestionamientos se diluyan entre cambios administrativos y reacomodos políticos.
Pero el asunto más delicado involucra recursos públicos. En 2025 surgieron cuestionamientos por un posible conflicto de interés en una licitación universitaria por $22 millones 294,720 pesos, debido a la relación familiar que existiría entre Montalvo y un proveedor adjudicado, mientras el entonces funcionario participaba en un comité vinculado con el procedimiento. Una relación familiar no prueba por sí misma una irregularidad, pero sí obliga a transparentar las decisiones, las declaraciones de intereses y los mecanismos utilizados para evitar favoritismos. En una universidad pública, la rendición de cuentas no debería depender de quién conoce a quién.
Tampoco es menor que su nombre haya aparecido durante años en disputas por el control de la FCA, cuestionamientos sobre procesos de reelección y señalamientos de presiones dentro de la estructura universitaria. Esa acumulación de episodios abre una interrogante inevitable sobre los criterios con los que se distribuyen los espacios de poder académico y administrativo. ¿Pesan más los resultados y la trayectoria, o terminan imponiéndose las lealtades personales?
Y aquí es donde entra Jericó Abramo Masso. El presunto compadrazgo que se les atribuye adquiere una dimensión distinta frente a los movimientos que rodean la reelección de Octavio Pimentel. Si Montalvo pretende utilizar su respaldo al rector como garantía para mantenerse en la Rectoría y, posteriormente, buscar una posición dentro del Gobierno estatal, tendría que explicar con claridad qué acuerdos o compromisos políticos existen detrás de esa estrategia.
La eventual reelección de Octavio Pimentel no debería convertirse en una oportunidad para repartir posiciones entre grupos políticos. La autonomía universitaria exige que los nombramientos respondan a capacidades, resultados y responsabilidades institucionales, no a cálculos sobre quién obtendrá una candidatura o quién podría llegar al Gobierno del Estado.
Porque si Montalvo está apostando a que el respaldo a Octavio Pimentel le asegure un escritorio en la Rectoría y que su cercanía con Jericó Abramo Masso pueda abrirle después las puertas de la administración estatal, la pregunta ya no es qué futuro imagina para la UAdeC, sino qué espacio busca reservarse en el próximo reparto del poder.
¡¡Yássas!!