Por años, algunos periodistas hemos planteado derogar los delitos de difamación (artículo 344 del Código Penal de Nuevo León) y calumnia (artículo 345 del mismo Código Penal). Ojo: no digo eliminarlos, sino reubicarlos.
Anabel Alcocer, presidenta estatal de Morena, acaba de presentar una iniciativa de ley con ese propósito en el Congreso del Estado, y es respaldada por algunos diputados locales que conforman la bancada de Morena: Anylú Bendición, Reyna Reyes y Jesús Elizondo. ¿Por qué no toda la bancada completa? Lo ignoro, pero deberían hacerlo. La responsabilidad debe ser pareja para todos los legisladores locales.
Derogar los delitos de injuria, difamación y calumnia, a fin de que estos actos dejen de ser criminalizados, es una urgencia que ya se pospuso tanto que parecería querer eternizarse de forma intencional para que algunos poderosos se salgan con la suya.
Bien dice Anabel Alcocer que la intención de esta iniciativa es que quienes asumimos la labor de opinadores públicos, quienes hacemos crítica y periodismo libre, no se nos prive de nuestro derecho constitucional de libertad de expresión ni sigamos con el riesgo de ir a dar a la cárcel por criticar o denunciar, en un artículo de prensa, a un político o un servidor público corrupto. La sanción (si la hay) debe ser de otra naturaleza y condición.
No se trata, desde luego, de que desaparezca la tipificación de los delitos de honor (así se les llama, aunque el término suene algo anacrónico).
La idea es que estos asuntos se diriman en el ámbito civil, no en la esfera penal.
¿Cuál es la diferencia? La aclara la propia Alcocer: que los conflictos relacionados con el derecho al honor se resuelvan por la vía civil, garantizando el derecho de réplica y la reparación del daño, sin recurrir al derecho penal como método aberrante de censura.
Hasta ahora, la tipificación penal de estos delitos representa un atentado a los derechos humanos en Nuevo León, disfrazado de legalidad. Así de simple. Se judicializa la injusticia y se politiza la impunidad.
Con esta reforma, una parte de la bancada de Morena local alinea el marco estatal con los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Sólo en tres entidades federativas —Nuevo León, Yucatán y Querétaro— (otros códigos penales, como el de Nayarit, ya resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sus artículos sobre la materia son inconstitucionales) tipifican como delitos penales, no civiles, la calumnia, la injuria y la difamación. Esto debe guardarse en el cajón de la historia.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que se opone terminantemente a las leyes que restringen la libertad de expresión. Así que ojalá se entere pronto la mandataria de lo que está haciendo bien el comité estatal de Morena en Nuevo León.