Costó décadas de activismo, de romper techos de cristal, de marchas y de batallas legales para que las mujeres conquistáramos posiciones de liderazgo y poder real en el servicio público de este país, tanto a nivel federal como estatal.
Cada espacio ganado ha significado demostrar que la capacidad para dirigir no tiene género. Por eso duele tanto, y nos deja profundamente vulnerables frente a la opinión pública, que un escándalo de corrupción y conflicto de interés de esta magnitud sea protagonizado por quien ocupaba la cúspide de la democracia mexicana: la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).
Es innegable que las mujeres en la política enfrentan cotidianamente descalificaciones de carácter misógino. La propia Presidenta de México ha condenado con firmeza las expresiones machistas dirigidas contra Guadalupe Taddei. Sin embargo, equiparar la rendición de cuentas con la misoginia es un error que banaliza la violencia de género y trivializa una lucha que ha costado décadas construir.
El caso que envuelve a la expresidenta consejera no se destapó por prejuicios de género, sino por la gravedad de los hechos documentados: una relación personal con el proveedor y contratista favorito del propio organismo. A ello se suma una presunta violación al código de ética institucional y al reglamento interno.
Los hallazgos apuntan a una red en la que personas allegadas a Taddei trabajaban simultáneamente para la empresa contratista y para el INE. ¿Cómo calificar el hecho de que el proveedor y pareja costee viajes de lujo a París para familiares directos de quien decide la asignación de contratos?
La dimensión de la crisis se volvió insostenible al descubrirse una red de funcionarios directamente ligados al proveedor favorecido, quienes optaron por renunciar un día después de su salida. Entre estas bajas destaca Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad de Género, una contradicción particularmente dolorosa para la propia causa que decía representar.
Estas dimisiones en bloque refuerzan la percepción de una estructura de intereses al interior del órgano electoral que constituye, en los hechos, una grave afrenta para las mujeres que diariamente luchan por ejercer el servicio público con honestidad. Bajo cualquier estándar institucional, esto se traduce en corrupción, nepotismo y conflicto de interés.
Aquí es donde debemos trazar una línea ética inquebrantable.
Exigir rendición de cuentas, fiscalizar el uso de los recursos públicos y señalar conductas indebidas no son actos machistas.
El marco legal que tipifica y sanciona la violencia política en razón de género fue diseñado con un propósito noble y urgente: evitar que se denigre, discrimine, agreda o limite a una mujer en el ejercicio de sus funciones públicas por el simple hecho de ser mujer.
Jamás fue concebido como un manto protector para encubrir la opacidad, la corrupción o los vicios en el ejercicio del poder.
Los valores, la integridad y la honestidad no tienen género.
Es una verdadera pena que un hecho tan bochornoso manche a una institución clave para la República y sacuda la confianza en el liderazgo femenino. Las mujeres en el servicio público debemos ser las primeras en poner el ejemplo y exigir los más altos estándares de probidad.
La causa feminista no existe para solapar privilegios, sino para garantizar que quienes gobiernan o administran recursos públicos lo hagan con absoluta rectitud y de frente a la ciudadanía. Frente a este espejo incómodo, asumamos nuestra responsabilidad y sigamos combatiendo el techo de cristal.