Fracking a la palabra

La imagen es tan contundente como alarmante. Hace tan solo unos días, frente al Palacio de Gobierno en Monterrey, decenas de jóvenes y colectivos de la sociedad civil alzaron la voz con pancartas claras: “Protejan nuestra agua, prohíban el fracking” y “El fracking no es la solución”. 

La manifestación, respaldada por la alianza Noreste Sin Fracking —integrada por más de 150 organizaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas—, encendió las alarmas regionales: el noreste de México se opone rotundamente a convertirse en el nuevo laboratorio de pruebas destructivas para la extracción de gas no convencional.

Las advertencias sobre la fractura hidráulica no nacen del alarmismo infundado, sino del doloroso aprendizaje global. Organizaciones internacionales como Greenpeace han documentado incansablemente los estragos irreparables que el fracking provoca en los acuíferos, la calidad del aire y la salud de las comunidades vulnerables.

Lecciones aprendidas

Las referencias internacionales abundan. La reconocida científica y activista norteamericana Sandra Steingraber no dudó en clasificar al fracking como una de las peores tecnologías de Estados Unidos desde la bomba atómica, tras haber estudiado de primera mano cómo la contaminación de pozos de agua en zonas de extracción desató severas crisis de salud y casos de cáncer. En América Latina, yacimientos como Vaca Muerta, en Argentina, son hoy testimonio del impacto social y ambiental: montañas de residuos tóxicos acumulados, aguas subterráneas comprometidas y poblaciones sacrificadas en nombre del desarrollo energético. En Europa, países y regiones enteras han optado por frenar o prohibir esta práctica ante la imposibilidad de garantizar la seguridad ecológica.

Promesas rotas

Durante el sexenio pasado, la narrativa oficial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantuvo un rechazo verbal explícito hacia la fracturación hidráulica, presentándola como una amenaza inaceptable. Claudia Sheinbaum, en su momento como candidata y durante su trayectoria con perfil científico, asumió compromisos categóricos en materia medioambiental y prometió no recurrir al fracking.

Sin embargo, los hechos recientes rompen esa promesa. La administración federal ha anunciado el inicio de pruebas piloto para evaluar la rentabilidad económica de la extracción de gas no convencional en las cuencas del norte del país, específicamente en Burgos y Sabinas-Burro-Picachos. Resulta profundamente alarmante que estas operaciones se impulsen sin estudios públicos de impacto ambiental de fondo, priorizando la atracción de capital privado y la lógica financiera sobre la seguridad hídrica y la salud pública. Proteger una región no puede justificar el sacrificio de otra, como con atino señalaron los colectivos locales.

La deuda ambiental con Nuevo León y la ZMM

Para la zona metropolitana de Monterrey y el estado de Nuevo León, esta decisión representa una afrenta directa. La Federación mantiene una deuda ambiental histórica con nuestra región. Hace más de un año se prometió un inventario exhaustivo de emisiones en el que trabajaban científicos de la UNAM para clarificar las fuentes de contaminación del aire que respiramos a diario. Hasta la fecha, el estudio sigue sin entregarse, dejando a los ciudadanos a la deriva en materia de regulación medioambiental.

A este abandono técnico se suma una crisis hídrica devastadora. Nos encontramos en una zona golpeada severamente por el estrés hídrico, con nuestras presas rondando apenas la mitad de su capacidad. Aunado al compromiso anual de trasvase de agua para el distrito de riego en Tamaulipas, la actual administración federal ha determinado disponer de agua de la presa El Cuchillo para cumplir con las entregas del Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos.

Extraer agua vital para el consumo humano de la ZMM para cumplir cuotas internacionales y, al mismo tiempo, pretender destinar hasta 80 millones de litros de agua por pozo en pruebas de fracking es un contrasentido peligroso e irresponsable.

Llamado a la cordura

Un proceso de fracking no solo consume volúmenes descomunales de agua dulce en un estado sediento; contamina los mantos freáticos con químicos tóxicos, genera aguas residuales con metales pesados e incrementa el riesgo de sismicidad inducida en el subsuelo.

Es momento de que la política ambiental federal y local tome el pragmatismo y recuerden sus compromisos éticos con las futuras generaciones.