En la entrega anterior de este espacio dimos cuenta, en líneas generales, de los hechos registrados en los últimos ocho meses alrededor de Lizeth “N”, la misteriosa mujer a quien se ubica detrás de docenas de casos de fraude perpetrados contra familias de la Región Sureste de Coahuila y a quien, pareciera, nadie tiene mucho interés en poner freno.
En la semana transcurrida desde nuestra última publicación los datos se han actualizado. El más importante de ellos es el relativo al número de casos abiertos contra esta “campeona de la defraudación inmobiliaria”: de acuerdo con Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General de Coahuila en la Región Sureste, estos ya superan los 60.
Pero no solamente eso. Alrededor de la mitad de esos casos (unos 30) ya han sido judicializados; es decir, se ha solicitado el ejercicio de la acción penal en contra de la imputada.
Uno de los casos emblemáticos, el relativo al despojo de una vivienda en el exclusivo fraccionamiento San Alberto, ubicado al norte de Saltillo, también tuvo un avance significativo en la semana: ayer se concretó la devolución del vivienda –valuada en unos $8 millones de pesos– a su dueño.
Vale recordar en este sentido un dato, digamos curioso: pese a la acusación en contra de Lizeth “N” y un presunto cómplice –quien además sería su pareja–, así como al hecho de haber sido vinculada a proceso por un juez de control, la imputada seguía viviendo “bajo arraigo” en la casa motivo del litigio.
El legítimo dueño debió esperar más de tres años para recuperar la posesión de su casa, de la cual Lizeth se apoderó recurriendo, entre otras cosas, a la falsificación de testimonios de vecinos del lugar, entre ellos un exfuncionario de la administración municipal de Saltillo, según se ha revelado.
Un aspecto de esta trama reviste particular importancia y debe prestársele atención: el relativo a la participación de diversos fedatarios públicos en la conspiración mediante la cual unas familias han sido despojadas de sus bienes y otras se han convertido en víctimas de fraude.
¿Cómo así ha ocurrido esta degradación en el gremio de los fedatarios públicos de la Región Sureste de Coahuila? La respuesta es simple, me aseguran diversas fuentes a las cuales he consultado sobre el tema: la práctica está siendo promovida “desde arriba”; es decir, desde las más altas esferas del poder estatal.
Connotados notarios, quienes antes ocuparon altos cargos en la estructura del poder estatal en los últimos tres sexenios, se afirma, están involucrados en este proceso cuyos elementos centrales son: el uso de información privilegiada, la triangulación de “actos notariales” con fedatarios de otras entidades del país y la complicidad con funcionarios del Registro Público de la Propiedad y el Catastro.
Gracias a sus conexiones, es decir, a las cadenas de complicidad construidas durante su paso por el gobierno de Coahuila, algunos de quienes hoy dan “fe pública” de actos fraudulentos han logrado contener la acción de la Fiscalía General del vecino estado para frenar las investigaciones.
Por otro lado, como lo han denunciado ya diversas víctimas, este “cártel” cierra la pinza mediante el uso de auténticos sicarios quienes amenazan a quienes, de entre sus víctimas, se han atrevido a señalarles presionándoles para desistirse de sus denuncias.
Algunos, como Raymundo, el propietario de la residencia en San Alberto, han logrado remontar los obstáculos pero no sin verse obligados a destinar recursos al pago de abogados.
Se confía, como suele ocurrir con los actos relacionados con la extendida cultura de la corrupción, a la dilución del tema en los medios, al olvido, al surgimiento de la próxima novedad capaz de acaparar el interés de la audiencia.
Se trata de un fenómeno cuyas consecuencias no solamente vulnera a familias al poner en riesgo su patrimonio. También causa descrédito a una entidad cuyas autoridades no parecen tener interés en poner coto a esta “industria”.
@sibaja3