Rocha Moya: la crisis política que puede llevar a México a una recesión

México está frente a un riesgo que muchos todavía leen solamente en clave política, pero que puede tener consecuencias económicas muy serias. La grave imputación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos no es un episodio menor; es una advertencia que puede alterar la relación bilateral en un momento económico particularmente delicado.

En política internacional, la forma es fondo. El problema no es únicamente si el caso escala judicialmente, sino qué hará Washington si interpreta que el gobierno mexicano no está cooperando. Si el presidente Donald Trump decide dar un manotazo en la mesa, México podría enfrentar represalias económicas, comerciales o financieras justo cuando la economía ya muestra señales evidentes de debilidad.

Ahí está el dato que no se puede maquillar: en el primer trimestre de 2026, la economía mexicana se contrajo 0.8% frente al trimestre anterior. En términos anuales, apenas creció 0.2 por ciento. Eso no es dinamismo ni fortaleza; es estancamiento con señales claras de deterioro.

Si a una economía así se le agrega una crisis diplomática con Estados Unidos, el riesgo deja de ser teórico. México depende profundamente de la economía estadounidense. Nos guste o no, exportamos, importamos, recibimos inversión, remesas, turismo, cadenas de suministro y certidumbre institucional en función de esa relación.

Por eso sería un error gravísimo pensar que una confrontación política con Washington puede quedarse encerrada en declaraciones diplomáticas o conferencias de prensa. Si Estados Unidos decide imponer sanciones, endurecer aranceles, frenar acuerdos, condicionar la revisión del T-MEC o elevar la presión financiera contra funcionarios mexicanos, el golpe podría sentirse directamente en la inversión, el empleo, la producción y la confianza empresarial.

El punto central es que México no necesita que el dólar se dispare para estar en crisis. Ese es un error de lectura que viene del siglo pasado. Muchos siguen esperando ver el dólar en 25, 30 o 35 pesos para aceptar que algo anda mal, pero el tipo de cambio ya no es el termómetro suficiente de la salud económica mexicana.

El propio dólar estadounidense está sujeto a una política de debilitamiento estructural por la enorme deuda de Estados Unidos, por las decisiones de la Reserva Federal y por el interés de Washington en mantener competitividad externa. Por eso, aunque el peso se mueva en un canal entre 17 y 19 unidades por dólar, no significa que la economía de México esté sólida. Significa solamente que el dólar también está débil y no es más un buen indicador de salud macroeconómica.

El contexto interno tampoco ayuda. Pemex perdió $46,000 mdp en el primer trimestre de 2026, y el Banco de México registró un resultado negativo de $410,000 mdp, principalmente por pérdidas cambiarias derivadas de la apreciación del peso. A esto se suman proyectos públicos que siguen drenando recursos, un gasto público que no se detiene y una deuda que continúa creciendo.

Del lado privado también aparecen señales preocupantes en grandes empresas de consumo y servicios. No se puede negar la realidad cerrando los ojos: México no está técnicamente en recesión todavía, porque por convención suelen requerirse dos trimestres consecutivos de contracción económica, pero el riesgo de recesión ya está sobre la mesa. Ese riesgo se dispara si la crisis política con Estados Unidos se convierte en una crisis económica.

Lo más preocupante es que el gobierno mexicano parece exigir hacia afuera un estándar que no respeta hacia adentro. Exige pruebas contundentes para actuar frente a las solicitudes de Estados Unidos, pero internamente permite que la autoridad congele cuentas bancarias con base en simples indicios o sospechas. Esa contradicción revela el problema central: debilidad institucional.

La inversión lo sabe. La inversión nacional está frenada porque no confía plenamente en el marco institucional mexicano. El debilitamiento del Poder Judicial, la incertidumbre regulatoria y el uso discrecional del poder han golpeado la confianza. La inversión extranjera aún llega porque puede protegerse en tribunales internacionales, pero incluso esa inversión puede asustarse si la relación con Estados Unidos se deteriora.

Ese es el verdadero peligro. Una represalia económica estadounidense no tendría que ser permanente para causar daño. Bastaría una amenaza creíble, una pausa en negociaciones, una sanción selectiva o un endurecimiento temporal de condiciones comerciales para congelar decisiones de inversión, retrasar proyectos, frenar contrataciones y deteriorar expectativas.

Cuando una economía ya viene creciendo prácticamente cero, cualquier golpe externo puede empujarla hacia abajo. El impacto sería claro: menor crecimiento, menor empleo formal, menor recaudación, menos empresas, más informalidad, más presión sobre las finanzas públicas y más deuda. Y el gobierno, lejos de reducir el gasto, probablemente lo aumentaría.

Eso significa trasladar el costo al futuro. Más deuda para nuestros hijos y nietos, menos crecimiento futuro y más impuestos tarde o temprano. No es gratuito ni responsable financiar el presente hipotecando el futuro.

En suma, la imputación contra Rocha Moya puede terminar siendo un episodio más en la larga lista de escándalos políticos mexicanos, pero también puede ser el detonador de algo más grande: una nueva fase de presión estadounidense contra el régimen mexicano, con consecuencias económicas reales.

Sería ingenuo descartarlo. Estados Unidos está en año electoral. El combate al crimen organizado, la presión sobre gobiernos extranjeros y las acciones contundentes contra figuras asociadas a redes criminales son temas políticamente rentables para el trumpismo. Si Washington decide utilizar este caso como mensaje, México puede quedar atrapado entre la defensa política interna y la presión económica externa.

La buena noticia es que, si el gobierno mexicano coopera, administra bien la relación bilateral y evita una confrontación innecesaria, el daño puede contenerse o evitarse. Ojalá así lo haga.

En cambio, si decide cerrar filas políticamente, desafiar a Washington y minimizar la gravedad del caso, entonces México puede enfrentar una sacudida económica mucho mayor de la que hoy está descontando el mercado, y eso sería echar el peso de la responsabilidad de unos políticos corruptos sobre las espaldas de millones de mexicanos de bien. Y eso, simplemente no se vale.