Pagar con billetes no es un atraso. Tampoco es una declaración de guerra contra la tecnología. Es ejercer una libertad que conviene defender antes de que alguien decida que ya no hace falta: elegir cómo utilizar el dinero propio.
Frente a la prohibición de aceptar efectivo que se comenzará a implementar en determinados sectores de México con la Ley de Economía Digital, mi recomendación es ir a contracorriente: utilizar más efectivo en la vida cotidiana, no menos. Porque la discusión no debería limitarse a cómo vamos a pagar la gasolina o las casetas. Nuestra privacidad, autonomía y propiedad también están en juego.
La diferencia entre elegir un medio de pago y verse obligado a utilizarlo es enorme. Quien prefiere una transferencia debe poder hacerla. Quien desea pagar con billetes también debería conservar esa posibilidad. Una economía más moderna tendría que ampliar las opciones de las personas, no reducirlas bajo el argumento de que la autoridad sabe qué les conviene.
No se trata de rechazar los pagos digitales ni de negar sus ventajas. Se trata de evitar que una herramienta útil se convierta en una condición indispensable para participar en la vida económica. La tecnología debe estar al servicio del ciudadano; el ciudadano no tiene por qué quedar subordinado a ella.
Hay, además, una pregunta incómoda: ¿por qué una persona tendría que entregar información sobre cada compra para poder disponer de su dinero? El hecho de que una operación deje un registro puede ser conveniente para quien la realiza. Otra cosa es asumir que toda actividad económica deba ser permanentemente observable por terceros.
La privacidad no es una concesión reservada a quienes pueden justificarla. Tampoco es sinónimo de culpabilidad. El argumento de que solamente los delincuentes necesitan efectivo confunde dos asuntos distintos: combatir actividades ilícitas y vigilar indiscriminadamente a quienes no han cometido ningún delito.
Una persona puede cumplir sus obligaciones fiscales y, al mismo tiempo, querer conservar una esfera de vida privada. No existe contradicción. Defender el efectivo no equivale a defender la evasión, del mismo modo que defender la intimidad no significa respaldar el crimen. La autoridad debe perseguir conductas ilegales, no convertir la discreción del ciudadano en motivo de sospecha.
La discusión también toca la propiedad. Tener dinero y poder disponer de él no son exactamente lo mismo. Basta imaginar una cuenta bloqueada para entenderlo: el saldo puede seguir apareciendo a nombre de su titular, mientras este pierde la posibilidad de utilizarlo. De poco sirve ser dueño del dinero si no se puede disponer de él cuando se necesita.
De ahí la importancia de conservar alternativas. No propongo retirar todos los ahorros del banco ni realizar cada operación con billetes. Mi recomendación es mucho más concreta: utilizar efectivo para los gastos cotidianos en los que resulte práctico y esté permitido. Mantener esa opción significa preservar un margen de autonomía. Ejercer una libertad no tiene por qué ser visto como un acto de “rebeldía” ni como una “invitación a incumplir la ley”, pero sí puede ser una manera de protesta perfectamente válida.
Sería ingenuo, por otra parte, separar este debate del interés recaudatorio. Cuanto mayor es la información disponible sobre ingresos, gastos y bienes, mayor es la capacidad de fiscalización. Pero la necesidad de recaudar más no convierte cualquier mecanismo de vigilancia en razonable ni vuelve prescindibles los límites al poder público.
El objetivo de cobrar impuestos debe convivir con la protección de los derechos individuales. No puede sustituirla. La propiedad pierde contenido cuando su titular conserva formalmente un bien, pero dispone de un margen cada vez menor para decidir sobre él. Por eso, privacidad, libertad y propiedad pertenecen a una misma discusión.
Advertir estos riesgos no exige anunciar una catástrofe económica. México puede tener sectores prósperos y perspectivas favorables mientras enfrenta problemas en otros ámbitos. El crecimiento no vuelve irrelevante la pérdida de autonomía, como tampoco una crítica al poder obliga a negar todo lo que funciona.
La defensa de la libertad necesita precisamente esa claridad: distinguir los riesgos de los hechos consumados, cuestionar sin exagerar y actuar donde todavía hay capacidad de decisión. No todo depende de una elección, de una reforma o de lo que haga el gobierno. También cuenta lo que las personas deciden conservar en su vida diaria.
Usar efectivo, por sí solo, no resolverá los problemas del país, como tampoco su prohibición garantiza que la población deje de usarlo, y menos cuando las acciones gubernamentales continúan fomentando la informalidad. Pero renunciar al efectivo por “comodidad”, sin discutir lo que se entrega a cambio, sería una decisión demasiado importante para tomarla por inercia.
Todavía está en nuestras manos defender una modernización que sume opciones en lugar de cancelarlas. El progreso no consiste en que desaparezcan los billetes, sino en que nunca desaparezca la libertad de elegir.