Hechos, instituciones y responsabilidad pública

El debate en torno al Gobierno de Tamaulipas exige, ante todo, serenidad y apego a los hechos. 

En días recientes circularon versiones periodísticas, difundidas por Los Angeles Times, sobre una presunta investigación en Estados Unidos y un eventual retiro de visa al gobernador Américo Villarreal Anaya. 

Frente a ello, la vocería del Gobierno del Estado, a cargo de Gerardo Algarín, negó de manera categórica dichas afirmaciones y subrayó que no existen documentos, expedientes ni resoluciones que las sustenten. En el mismo sentido se pronunció el presidente municipal de Matamoros, Beto Granados, quien reiteró el respaldo institucional al mandatario estatal y llamó a privilegiar el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno por encima de la especulación. 

Conviene recordar un principio elemental de toda democracia: las acusaciones de carácter grave requieren pruebas verificables. Mientras estas no se presenten, corresponde observar la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso. Así lo planteó también la Presidencia de la República, que pidió esperar las aclaraciones correspondientes y reconoció el derecho a la duda razonable.

La responsabilidad de las instituciones es doble. Por una parte, atender con transparencia cualquier señalamiento y ofrecer la información que disipe dudas legítimas. Por la otra, mantener la atención en aquello que se traduce en resultados para la ciudadanía: las obras públicas, los servicios y la atención directa a las familias tamaulipecas.

Tamaulipas, como cualquier entidad, se construye con el esfuerzo diario de sus autoridades y de su gente. La fortaleza de una administración no se mide por el ruido que la rodea, sino por su capacidad de gobernar con orden, rendir cuentas y conservar la confianza pública. En ese terreno, el de los hechos y la institucionalidad, habrá de resolverse este asunto, con la serenidad que demandan los tiempos.

MAGALY DEANDAR Y EL DELITO QUE NO TENÍA NOMBRE

En política hay reformas que pasan de noche y otras que, sin hacer ruido, le cambian la vida a alguien.

La que impulsó la diputada Magaly Deandar en Tamaulipas es de las segundas. Durante años, el acecho, el stalking, dicen los jóvenes, fue un delito sin nombre. 

La víctima sabía que la seguían, que la vigilaban, que la llamaban a deshoras. 

Lo sabía en el cuerpo, pero la ley no lo sabía. Y lo que la ley no nombra, no castiga. 

Tamaulipas acaba de ponerle nombre. Ahora vigilar, perseguir y hostigar de manera reiterada tiene consecuencias. No es un detalle menor: el acoso suele ser el humo; el feminicidio, demasiadas veces, el incendio. Apagar el humo a tiempo salva vidas. A la clase política le digo una cosa: legislar es apenas la mitad del trabajo.

La otra mitad, fiscales, presupuesto, órdenes de protección, se gana en la cancha, no en la tribuna. Una ley sin músculo es una promesa con buena ortografía. Pero hoy toca reconocer lo reconocible. Hay una diputada que decidió que el miedo dejara de ser legal. Y eso, en estos tiempos, ya es noticia.

¡¡Yássas!!