Humanismo para las Infancias

La instalación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en Tamaulipas no es un trámite burocrático más; es, o debería ser, una señal política en un estado donde la infancia vulnerable no vive en discursos sino en cruceros, campos agrícolas y cinturones urbanos de pobreza. 

Basta recorrer Reynosa, Matamoros o las colonias periféricas de Ciudad Victoria para entender que la explotación infantil no es estadística, es rostro. En ese contexto, el papel del Sistema DIF Tamaulipas, encabezado por la doctora María de Villarreal, adquiere relevancia estratégica. Las becas, los talleres y el acompañamiento del programa PANNARTI no sólo alivian la urgencia económica de más de mil 200 menores; también envían un mensaje político: el Estado no puede normalizar que la niñez trabaje mientras los adultos administran inercias. 

El respaldo del ITABEC y la beca “Esperanza de Tamaulipas” refuerzan esa narrativa, sobre todo en municipios fronterizos donde el comercio informal y la migración empujan a niñas y niños a la calle. Sin embargo, el punto ciego persiste: ¿basta con 19 recorridos y 40 casos detectados en la capital cuando el fenómeno se concentra en zonas agrícolas del sur y en la franja fronteriza? La ruta “Humanismo que Protege” es un buen símbolo, pero el desafío exige coordinación real con inspección laboral, seguridad y desarrollo social. 

La presidenta del DIF ha colocado el tema en la agenda pública con una visión humanista coherente, aunque el reto será sostener presupuesto, medir resultados y enfrentar intereses económicos que se benefician del silencio. Porque erradicar el trabajo infantil no es sólo proteger derechos; es romper un ciclo histórico de desigualdad que Tamaulipas ya no puede postergar.

DATOS PERSONALES: ENTRE LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL

En medio de la tormenta por el registro obligatorio de celulares, el Senado decide hablar de consentimiento. Y no es un dato menor. Mientras una parte del oficialismo empuja mecanismos de control bajo el argumento de la seguridad, la senadora Olga Sosa Ruíz coloca sobre la mesa una reforma para reforzar el principio de que los datos personales solo pueden usarse con autorización libre, específica, informada e inequívoca. 

La pregunta inevitable es si esta iniciativa es un contrapeso real o apenas un barniz jurídico frente a una discusión mucho más profunda. El registro de líneas móviles ha encendido alertas legítimas: ¿quién resguarda la base de datos?, ¿qué candados técnicos impedirán filtraciones?, ¿qué experiencia previa tiene el Estado mexicano administrando padrones sensibles sin que terminen en el mercado negro? La memoria colectiva recuerda intentos fallidos y vulneraciones masivas. En ese contexto, robustecer el consentimiento suena correcto, pero insuficiente si no se acompaña de infraestructura, supervisión autónoma y sanciones ejemplares. 

Sosa Ruíz alinea su discurso con la narrativa del “segundo piso” de la Cuarta Transformación que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, apostando por un Estado transparente y garante de derechos. Sin embargo, el dilema de fondo persiste: no se puede predicar privacidad reforzada mientras se amplían esquemas de recopilación masiva de información. 

El Senado presume que es la cuarta iniciativa aprobada de la legisladora tamaulipeca y celebra resultados. Bien. Pero legislar en materia de datos no admite medias tintas ni discursos complacientes. La confianza ciudadana no se decreta; se construye con coherencia, controles independientes y una lógica que ponga límites claros al poder.

¡¡Yássas!!