Informe impecable, pendientes intactos

En política, los informes no son ceremonias: son exámenes. Y en el Segundo Informe de Actividades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tamaulipas, encabezada por María Taide Garza Guerra, el discurso fue impecable, aunque la realidad exige algo más que solemnidad en el Auditorio Centenario de la Constitución de 1917.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el subsecretario Jorge Luis Beas Gámez habló de rendición de cuentas, autonomía y Estado de derecho. Nada que objetar en el papel. 

El problema es otro: ¿cuántas recomendaciones han sido aceptadas y, sobre todo, cumplidas? Porque la defensa de los derechos humanos no se mide por la elocuencia del mensaje, sino por la transformación concreta de las prácticas gubernamentales. Se dijo que cada expediente tiene un rostro y cada recomendación es una oportunidad de mejora. Cierto. Pero también es verdad que en Tamaulipas persisten pendientes estructurales en seguridad, sistema penitenciario y atención a víctimas que no se resuelven con declaraciones institucionales. 

La autocrítica que se invoca debe traducirse en indicadores verificables, presupuestos suficientes y sanciones cuando corresponda. Un Estado que se somete al análisis público avanza, sí; pero solo si acepta que la supervisión incómoda es parte del juego democrático y no un trámite protocolario. La Comisión tiene la palabra; el gobierno, la responsabilidad.

Tamaulipas: la tierra al límite

Hoy, en el norte de Tamaulipas, la discusión no es ideológica ni electoral; es existencial. La sequía no solo vacía presas, vacía bolsillos, cancela ciclos agrícolas y amenaza con borrar del mapa a generaciones completas de productores que ya no encuentran crédito, ni precio justo, ni políticas públicas que les den certidumbre. 

Mientras se cumplen compromisos de entregas de agua a Estados Unidos bajo los términos del Tratado de 1944, aquí la tierra se agrieta y el productor hace cuentas que no cuadran. Altos costos de producción, materias primas a la baja, financiamiento inexistente y relevo generacional en riesgo configuran una tormenta perfecta que no se resuelve con buenas intenciones ni con boletines optimistas. 

Es justo reconocer que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha tocado puertas en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para destrabar comercialización de sorgo y maíz, fortalecer el hato ganadero y ampliar esquemas como Leche para el Bienestar. El esfuerzo institucional existe y debe valorarse. Pero la pregunta incómoda persiste: ¿alcanzan los acuerdos administrativos cuando el problema es estructural? Si no hay un plan hídrico de fondo, financiamiento real y reglas claras de mercado, lo que está en juego no es una cosecha, es la viabilidad del campo tamaulipeco. Y eso no admite simulaciones.

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Y ahora pasando a tierras regias… Toooodo apunta, estimado lector, a que el periodo ‘preelectoral’ ya empezó, y hasta podríamos decir que “ya está que arde” en este estado de ‘New Lion’…

Y para muestra este botón, amigo lector, donde un alcalde y un exalcalde de Monterrey estuvieron intercambiando epístolas incendiarias —uno contra el otro—, ayer en sus redes…

Particularmente fue el caso de la empresa generadora de energía Next Energy, es la que subió la temperatura de manera muy “energética” en la grilla nuevoleonesa…

Aunque este asunto ya traía tracción desde el 2020, cuando se firmó el contrato, el conflicto se reavivó con la reciente detención en Aguascalientes del dueño de esa empresa, el regio Eugenio Maiz, precisamente por un caso igualito al de Monterrey.

En tierras hidrocálidas, Next Energy cobró millonadas y NO entregó ni un kilowatt de luz al municipio —más o menos como acá—, por eso Maiz terminó en el bote… ¡Ufff!

A raíz de todo este asunto, de repente el exalcalde regio, Luis Donaldo Colosio, que se lanza fuerte contra el actual presidente municipal, el priista Adrián de la Garza, a quien acusa sin tapujos de haberle entregado un contrato muy ventajoso a esa empresa fraudulenta, y lo responsabiliza del “problemita”… 

El emecista, hijo del ex candidato a la Presidencia Luis Donaldo Colosio Murrieta, dice que cuando él llegó a la alcaldía, en el 2021, recibió como herencia un contrato de más de $7,000 millones de pesos pagaderos a 30 años y aunque trató de rescindirlo, no pudo porque legalmente era imposible.

Colosio Riojas afirma que lo más que pudo para detener la “hemorragia” financiera fue renegociar el contrato para ahorrar $4,000 millones de pesos y reducirlo a 10 años. 

Peeeeroooo… Adrián no se quedó callado y salió a hablar también “juerte”… Ante las acusaciones afirmó que esa renegociación que hizo el emecista implicó un aumento de 400% en los pagos mensuales y un perdón “sospechoso” de multas y sanciones. Como decían en Batman: ¡Pum, pow, crunch!

¡Total!… Que ambos personajes de la política regia ahora se apuntan mutuamente en torno a ese contrato ignominioso; se acusan y a su vez se cuelgan la medalla de salvadores… ¡Híjoleee!

Claro, estimado lector, pecaríamos de extrema inocencia si no relacionáramos que esto se da en el contexto de que ambos andan ya acelerados con las elecciones del 2027, en la que AMBOS están más que apuntados.  

Y este es sólo el primer round… Sigue el “Next” —en todos los sentidos—… ¡Uffff!

¡¡Yássas!!