Hay verdades incómodas que nadie quiere poner sobre la mesa en tiempos electorales. Coahuila presume —y con razón— ser uno de los estados más seguros del país. Las cifras acompañan el discurso; la percepción ciudadana también.
Pero mientras en la superficie se mantiene ese bastión de estabilidad, debajo corre otra realidad que empieza a ser imposible de ignorar: el avance del cristal como droga de impacto y su presencia cada vez más visible en la vida cotidiana.
Porque sí, Coahuila es seguro en las calles… pero empieza a encender focos rojos dentro de los hogares.
El problema no es menor. No es marginal. Y mucho menos nuevo. Pero tampoco es tema de campaña. Ningún partido lo está colocando en el centro del debate.
La narrativa sigue siendo la misma: seguridad, coordinación, resultados. Y sí, todo eso existe. Pero ¿qué pasa con la distribución de droga? ¿Quién la está moviendo? ¿Dónde está el corte de raíz del problema? Porque el cristal no llega solo.
Un ejemplo claro de esta desconexión quedó evidenciado en febrero pasado, cuando el fiscal Federico Fernández Montañez sostuvo una charla con estudiantes de la Universidad Tecnológica de Coahuila.
Ahí, el propio fiscal preguntó a los jóvenes qué tipos de droga conocían y si alguno había estado expuesto a ellas. La respuesta fue contundente: una cantidad importante de universitarios levantó la mano en señal afirmativa.
Ante ese escenario, la pregunta obligada fue directa: ¿de dónde están llegando esas drogas a Coahuila?
La respuesta del fiscal se limitó a señalar el uso de redes sociales como medio de distribución, evitando profundizar en el problema estructural del narcomenudeo.
Una simplificación que, más que explicar el fondo, parece esquivar una realidad que ya está instalada en el estado.
Mientras tanto, la respuesta institucional parece enfocarse más en el control que en el origen del problema.
Ahí está el anuncio del fiscal Federico Fernández Montañez, quien planteó que bares y centros nocturnos deberían enlazar sus cámaras de vigilancia al C4.
La intención puede sonar lógica en el papel —reforzar la seguridad—, pero en la práctica abre una discusión delicada que nadie está queriendo abordar con seriedad.
¿Dónde quedan las garantías individuales? ¿Hasta dónde llega la vigilancia del Estado? ¿Es legal, o siquiera prudente, que espacios privados —aunque sean de acceso público— compartan en tiempo real lo que ocurre dentro?
Porque una cosa es seguridad… y otra muy distinta es la intromisión. Y mientras se plantea vigilar más, hay preguntas mucho más básicas que siguen sin respuesta.
Hace apenas unos días, un grupo de meseros fue detenido por presunta venta de drogas en bares de la región. Un caso que, por su naturaleza, debería haber detonado una investigación más profunda: redes de distribución, responsables, permisos, complicidades.
Pero no. No hay nombres de establecimientos. No hay responsables visibles. No hay avances públicos.
Silencio. Un silencio que inevitablemente abre sospechas. Porque en un estado donde la autoridad presume control territorial, resulta difícil creer que estas operaciones ocurran sin conocimiento o sin omisiones.
Y entonces la pregunta incómoda vuelve a aparecer: ¿Quién está protegiendo a quién? Porque si el problema ya llegó a los bares, a los centros de convivencia, a los espacios cotidianos, entonces ya no es un tema aislado. Es un fenómeno que exige decisiones de fondo, no solo anuncios.
Hoy, en plena temporada electoral, la seguridad se vende como bandera política. Pero la verdadera prueba no está en los discursos ni en los indicadores.
Está en lo que no se dice.
En lo que no se investiga.
En lo que no se toca.
Porque mantener la paz en las calles es indispensable. Pero ignorar lo que pasa dentro de ellas… puede salir mucho más caro.
¡Yássas!