La semana pasada se difundió ampliamente en Saltillo la enrevesada trama mediante la cual un grupo de apandillados intentó robarle casi 6 millones y medio de pesos al Instituto Electoral de Coahuila (IEC).
La historia no deja lugar a dudas en al menos una cosa: el patrimonio del IEC se habría visto afectado de no ser por el profesionalismo y atingencia de dos servidores públicos: la Directora Ejecutiva de Administración y el Secretario Ejecutivo del IEC.
Ambos -como pudieron hacerlo otros integrantes de la institución- percibieron de inmediato el tufo a podrido despedido por el caso e hicieron aquello para lo cual están equipados los servidores públicos decentes: indagaron los antecedentes del asunto y descubrieron el burdo engaño.
Lo más sorprendente de todo, sin embargo, no es la audacia de quienes se confabularon para intentar el atraco, sino la indiferencia de quienes, al menos en teoría, tienen a su cargo las instituciones públicas encargadas de vigilar el pulcro manejo de los dineros públicos y, en consecuencia, conjurar este tipo de intentonas.
Personalmente no me sorprende observar la ausencia de reacciones en Coahuila pues las cadenas de complicidad, merced a las cuales se garantiza la corrupción y la impunidad a nivel local, funcionan con una eficacia digna de mejores causas.
Sí me sorprende, en cambio, la indiferencia de quienes, desde el Instituto Nacional Electoral, debieran estar atentos a lo ocurrido. Durante la etapa de investigación de la trama y su posterior publicación solicité una reacción de la consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei; del titular de la Unidad de Enlace con los OPLES, Giancarlo Giordano Garibay y de la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, quien preside la Comisión de Vinculación con OPLES. Ninguno contestó ni siquiera el saludo.
Quien sí se comunicó fue Elia Soledad Baltazar González, directora de Comunicación y Análisis Informativo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE. Pero sólo para tratar de convencerme de un absurdo lógico y jurídico: nadie en el INE puede hacer declaraciones al respecto porque “se trata de una investigación en curso”.
“Entonces, ¿hay una investigación abierta por este caso?”, pregunté.
Y la funcionaria me recetó el texto de un artículo -no recuerdo el número- de no sé cuál norma, según el cual, desde su concepto, cualquier integrante de la estructura del INE está impedido para referirse siquiera al asunto.
Me sentí en esa escena de la saga “Misión Imposible” en la cual un integrante de la división secreta, ante los cuestionamientos realizados frente a una comisión del Congreso de los Estados Unidos les receta, una y otra vez, un “no puedo confirmar ni negar los detalles de tal operación…”.
Los mensajes remitidos a los teléfonos celulares de las personas señaladas fueron leídos. La prueba más importante de ello es la llamada de la señorita Baltazar González. Pero me lo han confirmado también algunas fuentes según las cuales se ha tomado nota del tema -y hasta habría alguna preocupación-, pero no necesariamente se le está dando seguimiento.
A finales de la semana insistí en el tema a la señorita Baltazar. Tras muchos minutos de consultar a quienes podían “dar el estatus del caso”, la funcionario regresó con el siguiente mensaje: “El Instituto Nacional Electoral informó que ya recibió información del caso y que, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, le dio trámite al área correspondiente para su análisis”… y ya.
¿Cuál es la razón de tal actitud? La desconozco, pero la falta de respuesta solamente convoca a la especulación. Y cuando estamos ante un evidente caso de corrupción la especulación sólo puede avanzar en un sentido: el del encubrimiento y la complicidad.
La historia, con todo y haber fracasado en su intento los apandillados, no está cerrada, por cierto. Sigue habiendo cabos sueltos y, en estricto sentido, podrían volver a intentar el atraco, pues la Junta Local de Conciliación yArbitraje de Saltillo no ha dicho aún la última palabra. Por ello habremos de seguir en el tema.
@sibaja3