Justicia para los maestros

En la vida pública hay causas que no entienden de partidos ni coyunturas.

Creo que existen luchas que nos definen como sociedad, y una de ellas es la defensa de los derechos de quienes dedicaron su vida a formar generaciones enteras desde las aulas: nuestras maestras y maestros.

Desde hace ya varios años, he acompañado la lucha del magisterio en Nuevo León. Han sido luchas por mejoras laborales, principalmente en el aumento a su salario.

Actualmente, cerca de 14,000 maestros jubilados de la Sección 50 del magisterio en Nuevo León enfrentan una injusticia inaceptable: el incumplimiento del pago de la nivelación salarial que, por ley y por sentencia judicial firme, les corresponde. 

Se trata de un incremento del 6.43% en sus pensiones, una cifra modesta para algunos, pero esencial para quienes viven con ingresos fijos y enfrentan, día con día, el aumento de la canasta básica y los servicios.

Estos docentes no están pidiendo el incremento injustificadamente. Lucharon su caso en los tribunales, llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia y ganaron. El Estado está obligado a cumplir, punto. Y, pese a que durante años se cumplió, desde hace más de 16 meses el Gobierno de Nuevo León ha suspendido estos pagos sin ofrecer explicación alguna, ni legal ni moral.

¿Cómo se justifica que lo que sí se pagaba antes ahora ya no se puede pagar? ¿Por qué se castiga así a quienes dieron décadas de su vida enseñando a leer, a sumar, a pensar, a soñar?

Quienes sustentamos algún cargo público no podemos permitir que esta omisión continúe. 

Por eso, como senador por Nuevo León y acompañado de mi compañera legisladora Judith Díaz, presentamos un Punto de Acuerdo en el Senado de la República para exigir que el gobernador Samuel García y las autoridades estatales cumplan de inmediato con su responsabilidad. Este exhorto fue aprobado recientemente por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo significa un respaldo institucional del Poder Legislativo hacia el magisterio neoleonés.

No se trata de un tema de sensibilidad; se trata, sobre todo, de legalidad. Al final de cuentas, el dinero no es del gobierno, es de los maestros.

El dinero público no puede estar sujeto a caprichos, retrasos administrativos ni a la burocracia absurda de pedirles documentos que ya han entregado cientos de veces.

Reconozco con respeto y admiración la lucha de los maestros jubilados. Han salido a las calles, han reunido firmas, se han organizado y han resistido. Se han ganado a pulso este derecho y, como sociedad, lo mínimo que podemos hacer es garantizárselo.

Durante años he trabajado desde distintas trincheras para mejorar las condiciones laborales de los nuevoleoneses. Pero hoy, esta causa me toca más de cerca. Porque detrás de cada maestra y maestro jubilado hay una historia de entrega, de vocación, de sacrificio. Muchos de ellos nos enseñaron a leer, a sumar, a escribir. Algunos, incluso, nos ayudaron a encontrar nuestra vocación. No les debemos un favor: les debemos justicia.

El Senado de la República ha exhortado al Gobierno de Nuevo León a cumplir con su deber y liberar los pagos pendientes. Atender a los maestros es impostergable.  Ya se manifestaron, ya cumplieron con todo lo que la ley les pidió, y lo único que quieren es vivir su vejez con dignidad. 

Desde el Senado reafirmo mi compromiso de ser un aliado permanente del magisterio de Nuevo León. No descansaré hasta que sus derechos sean respetados, su lucha reconocida y su pensión entregada completa y puntualmente.

Los derechos laborales de las y los maestros deben respetarse en una sociedad que se presume como la primera en todo y el símbolo de modernidad y progreso. 

No puede haber modernidad sin justicia.