La Casa gana

A finales de 2021, el Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra, titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (SFyTGE) –pese a sus antecedentes de favorecer a los casinos– persuadió a los diputados locales a que votaran por unanimidad adiciones a la Ley de Hacienda del Estado para imponer una nueva contribución sobre las máquinas de juegos y apuestas. Desde entonces, ha emitido excusas para condonarles un porcentaje importante de este derecho, sin importarle afectar las finanzas estatales, veámoslo a continuación. En sus primeros meses, la actual administración aseguró dejar atrás los malos hábitos de la vieja política, presentando una cascada de denuncias por presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios del sexenio anterior, olvidándosele un pequeño detalle: a quien manejaba el dinero y cobraba los impuestos lo ratificó.¡Qué incongruencia! Los impuestos a los casinos se cobran desde 2017, cuando se tenía presupuestado un ingreso a la realización de juegos con apuestas por más de $120 millones de pesos (mdp), pero al año siguiente disminuyó a $99 mdp; si esto no causa extrañeza, el tributo de erogación en juegos con apuestas que se pretendía recaudar en aquél año ascendía a más de $943 mdp, sorprendentemente, para 2018 disminuyó a $531mdp, solo en este rubro la administración de Jaime Rodríguez Calderón dejó de recaudar casi $400 mdp, generando preguntas y sospechas por este mal resultado. ¿A qué se debió tanta generosidad? El Lic. Garza Ibarra ha exhibido falta de voluntad para que este sector pague sus contribuciones; promoviendo que el impuesto sobre erogaciones en juegos con apuestas siga disminuyendo hasta tener un pronóstico para este año de solamente $449 mdp, cifra inferior a la del 2018, que ya era considerada una mala recaudación. Con estos antecedentes no sorprende que la nueva contribución “Derechos por los servicios de supervisión, control y expedición de constancias de ingresos a la base de datos de máquinas de juegos y apuestas” terminará siendo una caricatura. El año pasado, para condonarles más de $200 mdp, emitió un acuerdo de facilidades administrativas en donde les baja la cuota a pagar, les otorga indebidamente un plazo sin cobrarles intereses, peor aún, permitió excepciones y si esto no fuera suficiente, el pasado 13 de marzo les refrendó las facilidades para eludir el pago de este derecho. ¿Por qué el trato preferencial? Hay que decirlo claramente, mientras que al ciudadano le cargan la mano hostigándolo con requerimientos y gorrosos trámites, obligado a hacer largas filas para cumplir sus obligaciones, o peor aún con los trámites en línea del Instituto Catastral y Registral, donde la única manera de hacer que un expediente avance es contratando a un tramitador, en ambos casos, el contribuyente tendrá que pagar el importe íntegro más multas y recargos, en cambio, los casinos están en zona de confort con el gran aliado que tienen en la SFyTGE. Un gobierno humanista cobraría íntegramente las contribuciones relacionadas con el ocio y la diversión, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram maneja una doble moral: es generoso con los menos y severo con la mayoría de los ciudadanos. En conclusión, Nuevo León demanda un gobierno honesto abocado a beneficiar lo único que importa: la gente.