¿Quién filtrará las candidaturas a gobernador para Nuevo León en 2027 y cuáles son los pros y contras de esta criba?

El gobierno federal presentó ayer una iniciativa de reforma para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE. 

Según Sheinbaum, se trata de un mecanismo para impedir que personas con posibles vínculos con el crimen organizado lleguen a las candidaturas de 2027.

¿Pero quién decidirá qué perfiles son políticamente “aceptables” para competir en México?

La comisión se integraría por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para periodos de tres años. 

¿En el fondo, de quién dependerán estos inquisidores? De la información que les proporcionen dependencias subordinadas al Ejecutivo: la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. 

¿Qué harán los partidos? Entregar de forma “voluntaria” las listas de aspirantes —quienes deberán autorizar por escrito su revisión—, pero, a mi modo de ver, la supuesta voluntariedad resulta cuestionable: negarse a entregar los nombres implicaría un costo político inmediato. Se presentaría como una negativa a transparentar posibles nexos con el crimen organizado. 

Ya se sabe que, en política, pocas cosas provocan más miedo que aparecer públicamente bajo sospecha, aunque nunca exista una acusación formal.

Además, el peso político que adquieren las investigaciones financieras y de inteligencia, aun antes de derivar en sentencias firmes, es una espada de Damocles sobre los presuntos señalados.

En los últimos años, la UIF ha congelado cuentas y presentado denuncias que luego fueron revertidas judicialmente, pero que generaron efectos políticos inmediatos sobre políticos y actores económicos. 

¿Ejemplos? El caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. 

En México, el expediente castiga primero y aclara después. 

Y para entonces, el daño político normalmente ya ocurrió.

Las autoridades cruzarían información para determinar si existe un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada. La respuesta que se entregaría a los partidos sería limitada adrede: solo se indicaría la existencia del riesgo y qué institución lo detectó, sin entregar expedientes que permitan a los afectados conocer los cargos ni defenderse.

Aquí aparece una vieja discusión planteada por el teórico político alemán Carl Schmitt, en el sentido de que, en momentos de amenaza extrema para el Estado, el poder político termina desplazándose hacia quien tiene la capacidad de decidir quién representa un peligro para el orden público. 

En su teoría del “estado de excepción”, el verdadero soberano no es solamente quien aplica la ley, sino quien decide cuándo existe un riesgo suficientemente grave como para suspender parcialmente las garantías normales del sistema. El problema es que ese criterio suele expandirse. 

Lo que comienza como un mecanismo extraordinario para enfrentar una amenaza real puede terminar convirtiéndose en una herramienta permanente de control político. Y precisamente ahí reside una de las zonas más sensibles de esta reforma: la creación de un aparato institucional donde el Estado clasifica preventivamente a actores políticos con base en inteligencia reservada que no necesariamente puede ser contradicha públicamente.

La opacidad planteada en la iniciativa mexicana, presentada como protección de las investigaciones, deja a los partidos y a los aspirantes en la posición de tener que decidir con base en alertas secretas que no pueden controvertir en esa etapa. Los partidos conservarían formalmente la decisión final sobre el registro, pero, si optan por postular a alguien señalado, cargarán con la responsabilidad política, mientras las fiscalías seguirán sus procesos de manera independiente. 

Dicho de otro modo, el gobierno no necesitaría prohibir candidaturas de manera directa. Bastaría con instalar la sospecha correcta en el momento político adecuado.

Aunque el gobierno presenta estos operativos como evidencia de la necesidad del nuevo filtro, el hecho de que sea el propio Ejecutivo el que genera la inteligencia y ahora pretenda utilizarla para condicionar candidaturas genera un evidente conflicto de interés. Porque el mismo aparato estatal que investiga sería el que, indirectamente, terminaría influyendo sobre quién puede competir con viabilidad política y quién no.

No se trata solo de combatir la infiltración del crimen, sino de establecer un mecanismo en el que la información reservada del Estado se convierte en un factor determinante para la competencia electoral.

Esto va a reducir el margen de la oposición: votar en contra puede ser presentado como una defensa de posibles “narcocandidatos”, mientras que apoyarla implica aceptar que las agencias de inteligencia del gobierno federal tengan voz y veto indirecto sobre las listas de todos los partidos. 

La oposición enfrentará así una de las trampas políticas más eficaces: cualquier movimiento puede ser utilizado en su contra.

En Nuevo León se concentran algunos de los mayores grupos industriales y logísticos del país, esto implica una circulación masiva de recursos y transferencias internacionales susceptibles de revisión financiera.

La medida puede utilizarse no solo contra perfiles vinculados al crimen, sino también para generar alertas sobre actores empresariales o políticos locales que mantengan distancia o críticas frente al gobierno federal. 

Y en un estado como Nuevo León —históricamente incómodo para los proyectos centralizadores del poder federal— eso adquiere una dimensión todavía más sensible. 

La inteligencia del Ejecutivo se convierte en un filtro previo a la representación popular, con escasos contrapesos efectivos. 

Y si el gobierno federal puede decidir quién representa un “riesgo razonable” para competir electoralmente, entonces quizá el debate ya no es cómo combatir al crimen organizado, sino quién controla políticamente el acceso mismo al poder.