Faltan menos de sesenta días y el reloj no se detiene.
El próximo 31 de diciembre concluyen los contratos de 630 guarderías subrogadas al IMSS, y en Matamoros eso quiere decir que entre 12 y 15 estancias, con más de 2,500 pequeñitos y unos 400 empleos, podrían amanecer con la cortina abajo en enero si nadie mueve la aguja.
Pensemos en la obrera que entra a la planta a las seis de la mañana y que, a partir del 2 de enero, quizá no tenga dónde dejar a su bebé. El pleito es por dinero, aunque no del modo que uno imagina. Hoy el IMSS paga alrededor de $6,222 pesos mensuales por cada menor y la propuesta para los nuevos contratos apenas sube a $6,300, cuando los dueños piden entre $10,000 y $13,000.
Elías Dájer Fadel, quien preside el Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías, acusó al director del IMSS, Zoé Robledo, de malinformar a la presidenta con datos que no son correctos, porque en Palacio Nacional parecen confundirlas con las viejas estancias infantiles que se cerraron hace años.
Aquí está lo que casi nadie ve. El mismo IMSS destina más de 15 mil pesos mensuales por menor en las guarderías que administra directamente, mientras a las subrogadas les da menos de la mitad, con las mismas reglas de calidad. Y hay una ironía más fina, porque Robledo ha presumido el fortalecimiento de las finanzas del Instituto gracias al incremento al salario mínimo, que es justo lo que asfixia a las guarderías, ya que el 70% de sus costos son laborales y el Instituto solo les ajusta por inflación.
La misma política que llena la alcancía del Seguro Social es la que vacía la de las estancias. La contradicción crece cuando uno voltea a ver el discurso federal. El gobierno de Claudia Sheinbaum prometió un Sistema Nacional de Cuidados con mil nuevos centros infantiles y, según Proceso, en casi dos años solo uno ha abierto.
Se anuncian guarderías nuevas mientras se dejan morir las que ya funcionan. Otro detalle incómodo es que ese dinero ni siquiera sale del erario, proviene directamente de las cuotas obrero patronales, o sea, de las maquiladoras de Matamoros, que serían las primeras en sufrir el ausentismo de miles de madres obreras y que hasta ahora siguen muy calladitas.
Tampoco hay mucho margen para apretarse el cinturón, porque los dueños no pueden reducir libremente sus plantillas, ya que deben cumplir lo que el propio IMSS establece. Lo que sí termina recortándose es lo que no se ve, como la calidad de la comida, el material didáctico o el aire acondicionado en pleno verano tamaulipeco.
Para el gobernador Américo Villarreal y el alcalde Beto Granados esto es una prueba de fuego, porque la ciudad ya lo vivió cuando varias guarderías subrogadas avisaron su cierre definitivo y cientos de madres trabajadoras se quedaron sin dónde dejar a sus hijos.
Los propios prestadores presumen que en sus estancias solo se han registrado dos casos de abuso, muy lejos de lo que puede pasar en el cuidado improvisado de la vecina. Lo que toca es sentar en una misma mesa al IMSS, al gobierno del estado y a la industria maquiladora antes de diciembre. Si los niños de Matamoros valen lo mismo que los de una guardería del IMSS, la cuenta tendría que empezar por ahí.
¡¡Yássas!!