La incautación del 29 de mayo de 2026 de más de un millón de litros de combustible ilícito en un predio de Cadereyta sigue teniendo consecuencias graves con EUA.
Confirmó que, a la sombra de una de las ocho refinerías de Pemex que abastecen al norte de México, opera un centro logístico e industrial para el robo y almacenamiento de hidrocarburos. Su equipamiento consiste en contenedores, camiones, motobombas, montacargas y capacidad para mover volúmenes masivos.
¿Ya no opera ese predio? No. Pero cerca de la Refinería de Cadereyta hay otros más. Así de simple.
En este mismo contexto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA vendrán por un alto perfil de Morena en Nuevo León.
Ambos hechos —el almacén de huachicol que se corrió a otro lote cercano a Cadereyta y la escalada jurídica de Washington— delatan las fallas internas de México en el control territorial y la tolerancia a la corrupción política.
Pemex ha acumulado pérdidas millonarias por el robo sistemático de combustible en los últimos años y, aunque se presume una reducción en las tomas clandestinas, operativos como este revelan que la economía paralela del huachicol sigue financiando a los mismos cárteles que dominan el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
La DEA no necesita fabricar excusas. Tienen evidencia concreta de que porciones del territorio mexicano funcionan como plataformas logísticas del crimen transnacional, de acusaciones contra políticos y de un problema de fentanilo que genera decenas de miles de muertes anuales en su país.
Cualquier medida —indictments masivos, extradiciones o presiones mayores— se presenta como legítima defensa, no como una violación a la soberanía.
La soberanía mexicana no la están arrebatando solo desde afuera. Se erosiona desde adentro cada vez que permitimos que el crimen organizado instale centros logísticos junto a refinerías nacionales o que persistan redes de protección política.
Cadereyta es el ejemplo perfecto: un predio con más de un millón de litros de huachicol operando en la zona de influencia de infraestructura crítica.
La cesión es el “pie” que les damos a los norteamericanos para avanzar con su agenda, argumentando que México no puede —o no quiere— resolver sus propios problemas de captura.
Controlar el territorio, desmantelar economías criminales como el huachicol y purgar la corrupción en todos los niveles son condiciones indispensables para reclamar autoridad moral y práctica frente a Washington.
Mientras sigamos fallando en Cadereyta y en casos similares, cada declaración de la DEA se fortalecerá con la evidencia que nosotros mismos proporcionamos.
Urge una respuesta integral y sin simulaciones: investigación profunda sobre quiénes protegían el predio en Cadereyta, depuración real de instituciones, monitoreo efectivo de infraestructura crítica y una cooperación bilateral inteligente que preserve la dignidad, pero entregue resultados. De lo contrario, la tesis se consolidará día a día: les seguimos dando pie y la soberanía se convertirá en una ficción que pagamos cara.