Los cruces y carreteras de Tamaulipas siguen siendo el paso obligado porque es la distancia más corta entre los Estados Unidos y cualquiera de los estados de México.
Sin embargo, que 60,000 paisanos hayan cruzado por Tamaulipas no prueba que estén seguros. Prueba que cruzaron. Es como medir la calidad de un hospital contando a los que entran por urgencias y no a los que salen caminando. Ojo con la frase estrella: “cero incidentes”. No es lo mismo no ocurrió que no se reportó.
El paisano que va de Brownsville a Guanajuato con la camioneta cargada y una semana de vacaciones no se baja a levantar una denuncia. Paga, calla y acelera. La estadística oficial no mide el miedo: mide el papeleo.
Segundo punto ciego: el operativo tiene fecha de caducidad, como la leche. Termina el 9 de agosto. ¿Y el día 10, quién patrulla la San Fernando–Matamoros?
Tercero, el espejo incómodo. Mientras aquí se presume la carretera, Estados Unidos mantiene a Tamaulipas en Nivel 4: “No viajar”, su alerta más alta.
Y aquí el dato picante. El peligro más documentado contra los paisanos no salió de un retén clandestino: salió de una ventanilla. La FGR consiguió vincular a proceso por cohecho a dos agentes migratorios que pidieron dinero a connacionales en el puente Puerta México, en Matamoros; el caso llegó hasta la mañanera de la presidenta Sheinbaum. O sea: el kilómetro más caro del viaje fue el primero.
Se agradece la patrulla, gobernador. Ahora audite el escritorio.
LA FRONTERA DE DOS VELOCIDADES
Imagine que su vecino hace la fiesta más cara del planeta. La música, el pastel y el dinero caen de su lado de la barda. El humo y los vidrios rotos, del suyo. Usted no fue invitado, pero barre. Eso es Playa Bagdad.
Del lado texano hay entusiasmo con nombre y apellido: Eddie Treviño Jr. presume $13,000 millones de dólares de derrama, 24,000 empleos y más de $350 millones en impuestos indirectos. Del lado mexicano hay preocupación, también con nombre: Américo Villarreal advirtió que las instalaciones están a 1.5 kilómetros de un ejido y pidió revisar los protocolos internacionales de distancia.
Es el mismo gobernador que visitó Starbase en noviembre de 2024 buscando una relación colaborativa, hoy también es víctima ambiental.
Beto Granados administra el municipio que barre la playa; su antecesor, Mario Alberto López Hernández, soñaba con miradores para el turismo espacial. O sea: unos ven basura, otros ven negocio, y nadie ve o gestiona una acción compensatoria.
Arriba, el pleito es diplomático. Alicia Bárcena le reclamó a Lee Zeldin, de la EPA, que México no fue consultado en los permisos.
Starbase no es una ciudad cualquiera. Su alcalde, Bobby Peden, es vicepresidente de pruebas y lanzamientos de SpaceX. Sus dos comisionados también trabajan ahí, y el municipio se fundó con una votación de 212 contra seis. Es decir: la autoridad que regula a la empresa es la empresa. Y mientras el alcalde firma permisos, la demanda que Sheinbaum anunció en junio de 2025 sigue sin aparecer.
Trece meses. Cero multas públicas. Ellos ya tienen una ciudad espacial, y la nuestra que es Matamoros, Tamaulipas, sigue temblando en cada lanzamiento, literal, temblando.
¡¡Yássas!!