En Nuevo León, el divorcio se ha convertido en una industria silenciosa. Según el INEGI, en 2024 el estado registró más de 10,000 divorcios, un aumento de casi 70% en la última década. En promedio, cada ruptura implica entre $40,000 y $150,000 pesos en gastos legales, sin contar los costos emocionales, terapéuticos y de productividad, los cuales pueden duplicar esa cifra. Pero detrás de los números hay una crisis moral más profunda: cada vez más abogados han convertido el dolor humano en un modelo de negocio.
En los tribunales familiares se repite una práctica corrosiva: usar denuncias falsas o exageradas como estrategia para ganar custodia, propiedades o pensiones. Hay despachos que recomiendan manipular el sistema, generar miedo o desgaste, o extender los procesos para cobrar más. Otros pactan porcentajes del patrimonio conyugal, aunque éste no exista o esté comprometido, provocando juicios interminables donde los mayores perdedores son siempre los hijos.
Datos del Poder Judicial Estatal muestran que el 65% de los juicios de divorcio en Nuevo León involucran disputas por custodia, y más del 30% incluye denuncias colaterales que después se archivan por falta de sustento. Sin embargo, el daño psicológico y social ya es irreversible: niños que crecen bajo miedo, manipulación o rupturas forzadas, convertidos en víctimas de un sistema que prioriza ganar sobre sanar.
La falta de ética profesional ha generado un fenómeno económico perverso: mientras la familia se destruye, los honorarios crecen. Lo que debería ser un proceso de mediación y respeto, se convierte en una “guerra legal rentable”, donde el tiempo y la desesperación se traducen en facturas.
Pero algo comienza a cambiar. Desde el Congreso de Nuevo León y diversos colegios de abogados ya se están impulsando iniciativas de ley para exhibir y sancionar a quienes utilicen prácticas fraudulentas o carentes de ética. Se busca crear registros públicos de sanciones, protocolos de mediación obligatoria y mecanismos que protejan a los menores de procesos prolongados y manipuladores. Estas reformas pretenden devolverle dignidad a la justicia familiar: que el abogado sea mediador de paz, no promotor del conflicto.
La sociedad también empieza a despertar. Cada vez más padres, madres y profesionales del derecho se unen para exhibir el uso de denuncias falsas y el abuso procesal como forma de presión. Porque dañar la reputación de alguien por una estrategia legal no solo destruye familias: destruye confianza en la justicia.
El día que un abogado pierda su cédula por haber mentido, manipulado o aconsejado una denuncia falsa, ese día habremos dado un paso real hacia una justicia humana. No se trata de venganza, sino de restaurar valores.
Porque el divorcio no debe ser un campo de batalla, sino un espacio para sanar. Ninguna factura, sentencia o ganancia económica justifica que un niño pierda la paz. Y ningún abogado que lucró con el dolor debería dormir tranquilo.
La economía del divorcio en Nuevo León está pidiendo un cambio. Ya no basta con reformar leyes: hay que reformar conciencias. Solo así podremos transformar el negocio del desamor en una nueva cultura de responsabilidad, verdad y empatía.