El llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comienza a transitar en el terreno resbaloso donde la narrativa de austeridad se encuentra, inevitablemente, con la resistencia de los intereses enquistados.
Porque reducir privilegios siempre suena bien en el discurso, pero en la práctica implica desmontar estructuras que, durante años, han funcionado como auténticos feudos administrativos. El respaldo de la senadora Olga Sosa Ruíz no es menor.
Es, en realidad, una señal política hacia los estados: el mensaje es claro, la austeridad republicana ya no será una consigna, sino una herramienta de control del gasto y, sobre todo, de reconfiguración del poder local.
Sin embargo, el punto ciego de esta iniciativa no está en el ahorro proyectado, esos 4 mil millones de pesos que suenan bien en cifras, sino en la capacidad real de transformar la lógica de operación de los gobiernos municipales.
Ahí es donde Tamaulipas entra al tablero con sus propias inercias. Porque si algo ha caracterizado a muchos ayuntamientos en la entidad es la existencia de regidurías convertidas en espacios de negociación política más que en órganos de representación ciudadana. No son pocos los casos donde estos cargos funcionan como cuotas partidistas, refugio de compromisos de campaña o, peor aún, como cotos de poder desde donde se administran influencias, contratos y silencios.
La propuesta de limitar a un máximo de 15 regidurías no es solo un ajuste técnico; es una intervención directa sobre esa red de intereses. Y ahí radica tanto su potencial como su riesgo. Reducir el número de regidores podría significar eficiencia, sí, pero también podría concentrar el poder en menos manos si no se acompaña de mecanismos reales de transparencia y rendición de cuentas. Porque el problema nunca ha sido solo cuántos son, sino cómo operan.
Más aún, el fortalecimiento de la revocación de mandato, adelantándola al tercer año, introduce un elemento que, bien utilizado, podría alterar la relación entre ciudadanía y autoridad. Pero también abre la puerta a su uso político como herramienta de presión o desestabilización, especialmente en contextos locales donde los equilibrios son frágiles y las disputas partidistas se viven con intensidad.
En Tamaulipas, donde la política municipal suele moverse entre acuerdos de corto plazo y lealtades cambiantes, el “Plan B” podría convertirse en una oportunidad para depurar estructuras o, en el peor de los escenarios, en una simple reingeniería del mismo sistema con menos actores pero iguales prácticas. Ese es el verdadero dilema. Porque al final, la pregunta no es si se gasta menos, sino si se gobierna mejor. Y ahí es donde esta reforma se juega su credibilidad: en la capacidad de romper los círculos cerrados del poder local, esos que no aparecen en la ley, pero que definen, en los hechos, quién decide y para quién se decide.
Mientras tanto en los partidos, donde ya se afinaban listas, cuotas y compromisos rumbo a las próximas candidaturas, el “Plan B” cayó como esa visita incómoda que llega justo cuando se estaba repartiendo el pastel.
Y ni qué decir de algunos exalcaldes, expertos en la liturgia del módulo de colonia: ese ritual de cercanía donde las dádivas fluyen con generosidad quirúrgica… casi nunca del bolsillo propio, pero siempre con fotografía incluida.
Hoy, frente a la posibilidad de menos regidurías y menos espacios para operar, el discurso cambia: de la gestión social al súbito descubrimiento de la “defensa de la representación ciudadana”. Ironías de la política: cuando se cierran las llaves del presupuesto, también se apagan muchas vocaciones.
¡Yássas!