La inquietud e incertidumbre sobre el tema del acoso escolar (y sexual) en las escuelas

Mientras los diputados de esta legislatura local insisten en que los maestros serían responsables —directos o indirectos, según el caso— por la omisión de hacer lo propio en materia de denuncia, en el supuesto de enterarse por alguno de sus alumnos de que haya sufrido acoso escolar y/o sexual dentro o fuera del plantel educativo, la docencia y demás personal de apoyo sigue estando “con el Jesús en la boca” por lo que significaría verse inmiscuidos en esta problemática social, por lo espinada que resulta. 

Es verídico que existe un protocolo para tal efecto; sin embargo, las autoridades educativas solo se han dedicado a “volantearlo” a los directivos, sin hacer una explicación seria y exhaustiva del tema en general y, más aún, en lo particular. Queda en el entendido que toda la implicación jurídica trae consigo situaciones delicadas, con consecuencias drásticas para los trabajadores de la educación, por ser el primer vínculo con el alumnado.

¿Recuerdan esta célebre frase que dice: “Cuéntaselo a quién más confianza le tengas”? Pues ahora resulta que los mentores tendrán harto miedo de recibir información sobre estos casos, aunque se hayan suscitado en el seno del hogar de los infantes. Y no solo por no abordar el tema, que ya de por sí es escabroso, sino por los posibles resultados jurídicos en su contra que arrojaría el transitar de un lado a otro la información en comento. Los docentes se sienten indefensos y desprotegidos cada vez ante una sociedad desbordante, presionada, hasta cierto punto desquiciada, y rasgada en su tejido. No tienen seguridad laboral.

Con suma tristeza y preocupación escuché ayer en la radio a un locutor expresar que falta “acción de las autoridades judiciales por un supuesto caso de abuso sexual en un jardín de niños de Juárez, Nuevo León”. Incluso mencionó que las madres de familia “ya estaban cansadas de ir de aquí para allá sin ningún resultado”. Asimismo, relató que acudió personalmente al Congreso del Estado y habló con algunos diputados, con quienes se topó con pared maciza: “Es un tema muy delicado”, le dijeron; “nosotros no podemos hacer nada”. 

La magnitud del supuesto es vasta y digna de un razonamiento profundo; no obstante, existen pasos (o protocolos) a seguir. Dígase de otra manera: los padres de familia son los tutores legales para acudir ante el Agencia del Ministerio Público a interponer la respetiva denuncia, siendo esta instancia la competente para dirimir la diatriba jurídica en cuestión. Al magisterio, al enterarse, solo le corresponde comunicarse con los progenitores o tutores para que sean ellos quienes procedan. Y punto. 

Estimados y respetados compañeros maestros: es mejor no enterarse, ¿no lo creen así? La línea de la responsabilidad por omisión o no, es muy fina y delgada. Ningún diputado es, ni ha sido, maestro.

¿Qué está pasando en la comunidad escolar que culpa el maestro de muchos de sus males? ¿Dónde quedó la rectoría de la educación cuando, en otro tiempo, era el profesor que comandaba en el entorno escolar? ¿Desde cuándo los padres de familia se convirtieron en monedas de cambio para dejarse manipular por “mentes con fines destructivos y nocivos”? ¿Serán razones para alejar de las Normales Oficiales a la juventud nuevoleonesa? 

Al respecto, ciertos normalistas de la ENSE me comentaron recientemente que esta institución formadora de docentes de educación secundaria está más vacía que las sedes sindicales del SNTE entre semana. Que, además de los bajos salarios, ya no hay ofertas de especialidades para estudiar, sin contar los enormes conflictos que se viven al interior. ¡Ah! Cómo añoro los cursos intensivos de la Normal Superior y a sus venerables maestros. 

La verdad como es, se tenía que decir y se dijo. 

Hasta la próxima.