La Ley de Protección a los Seres Sintientes está nuevamente en la discusión pública.
A propósito de la bomba mediática en la que se ha convertido el caso de maltrato contra el perro Rocky, se ha abierto la posibilidad de impulsar un amplio debate sobre este ordenamiento, que presenta diversas lagunas y áreas de oportunidad.
En el Congreso del Estado se ha pospuesto, en repetidas ocasiones, la discusión de ajustes integrales a la legislación, necesarios para adecuarla a la realidad y a los delitos que actualmente se presentan. Diversas organizaciones protectoras de los derechos de los animales han promovido estas modificaciones, pero siempre surge algún obstáculo que termina por frenarlas o enviarlas a la congeladora legislativa.
Al parecer, pocos quieren entrarle de lleno al tema por todo lo que implica. Y es que la discusión no solo aborda sanciones y regulaciones para los propietarios, sino también medidas de control poblacional y estrategias para atender la sobrepoblación de animales en situación de calle, particularmente perros y gatos. Varias legislaturas han preferido esquivar el asunto.
Hoy existe cierta esperanza. El diputado del PVEM, Jorge Valdés, ha puesto el dedo en la llaga al asegurar que es indispensable que esta Legislatura atienda el tema antes de diciembre. El legislador sostuvo que, dada la urgencia del asunto, insistirá en septiembre para que se retomen los trabajos finales. Habrá que ver si no se topa con pared, pues el próximo año es electoral; aunque, para él y su partido, parece haber más que ganar que perder.
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Cero y van cuatro. Otro presunto colaborador de Tania Flores fue detenido por su supuesta participación en irregularidades ocurridas durante su administración al frente del municipio de Múzquiz.
Ahora se trata de Eduardo Ramón, quien colaboró en el área de Finanzas del Ayuntamiento durante esa gestión. Con él, suman ya cuatro los exfuncionarios detenidos de los seis señalados por la Auditoría Superior del Estado por presuntas irregularidades.
De acuerdo con la Fiscalía, las autoridades estarían cerca de cumplimentar acciones contra los dos involucrados restantes, con lo que se cerraría el círculo de personas que presuntamente ocasionaron daños al erario por varios millones de pesos sin una justificación clara.
La pregunta es inevitable: ¿a quiénes más podrían involucrar durante el desarrollo de las investigaciones?
¡¡Yássas!!