Siéntese conmigo tantito y pidamos otro café, porque esta plática da para largo.
El 24 de marzo el Congreso de Tamaulipas aprobó por unanimidad la Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial. Los diputados Víctor Manuel García Fuentes, presidente de la Comisión de Salud, Armando Zertuche Zuani y Mercedes Guillén Vicente juntaron tres iniciativas en una y salieron sonriendo en la foto.
La ley se publicó el 12 de mayo y quince días después instalaron el Consejo Estatal con la Secretaria de Salud, la doctora Adriana Marcela Hernández Campos, sentada en la mesa principal. Hasta ahí todo suena bien, pero cuando uno lee la letra chiquita aparecen los cabos sueltos.
El primero está en el dinero. La ley trae un artículo transitorio que dice que todo se hará “conforme a la disponibilidad presupuestaria” y reacomodando los recursos que ya existen. Dicho en palabras de mi abuela, nos prometieron una casa nueva, pero la vamos a construir con los ladrillos de la que ya teníamos. Ahora se está armando el presupuesto 2027 del gobernador Américo Villarreal Anaya, y ahí vamos a saber si la salud mental tiene una partida propia o si se queda otra vez como discurso.
El segundo cabo suelto tiene que ver con quién va a hacer el trabajo. La propia jefa de Salud Mental del estado, Eliana Guevara Peña, reconoció que “nunca va a haber personal suficiente”, y por eso lanzaron el programa Guardianes, que capacita a ciudadanos en primeros auxilios psicológicos. Está bien que los vecinos aprendan a escuchar, pero cuidado con que el gobierno le pase al ciudadano una carga que le toca a él.
El tercero casi nadie lo nota. La ley pedía instalar en 90 días hábiles una Unidad Técnica Estatal, que es la oficina que de verdad haría el diagnóstico, el plan y los registros. Ese plazo venció a mediados de septiembre y hasta hoy nadie ha informado que exista.
Tenemos un Consejo para las fotos, pero no tenemos todavía el motor que mueva el coche, y encima los mismos diputados que escribieron la ley son los que presiden su arranque, así que cabe preguntarse quién vigila a quien debería vigilar.
Mientras tanto, en las colonias siguen los anexos para personas con adicciones funcionando sin que sepamos quién los revisa, las familias siguen enterrando a jóvenes que se quitaron la vida y la depresión sigue entrando por la puerta de muchas casas sin tocar.
La ley obliga a entregar un informe público cada seis meses con datos de cobertura, tiempos de espera y suicidios, y el primero debería salir por noviembre. Esa es nuestra gran oportunidad. Si usted es maestro, mamá, papá, estudiante o regidor, pida ese informe, pregunte cuánto dinero trae el presupuesto y exija que la Unidad Técnica tenga nombre, oficina y teléfono.
Una ley aprobada por unanimidad no sirve de nada si nadie se toma el trabajo de pedirle cuentas.
¡¡Yássas!!