¿De qué nos sirve la Justicia, con mayúscula, si su actuar no deriva en que se “haga justicia”, con minúscula?
La pregunta surge a propósito de las manifestaciones ocurridas este fin de semana en Monterrey, Nuevo León, donde al menos medio centenar de personas ondearon pancartas en la Macroplaza, frente a Palacio de Gobierno, para denunciar que “no se ha hecho justicia” para unos 1,200 afectados por los fraudes de la inmobiliaria Creare, tras cuando menos tres años de interponer cientos de denuncias ante la Fiscalía de Nuevo León.
Desde 2018, Creare Desarrollos ofreció terrenos y viviendas de unos $3 millones de pesos en la zona de Carretera Nacional, al sur de la urbe regia, principalmente en el municipio de Santiago, para las cuales pidió anticipos del 30% del valor total, pero nunca edificó los inmuebles y tampoco entregó nada a los compradores.
Al momento de hacer las preventas, la inmobiliaria carecía de los permisos de construcción —según reveló el propio municipio— y, además, en algunos casos la empresa no poseía ni siquiera los terrenos.
Al darse cuenta del engaño, los afectados acudieron al Ministerio Público a denunciar el fraude del que fueron víctimas, y fue hasta finales de 2023 cuando se logró la detención del dueño de la firma, César Alejandro Pérez Jiménez, quien desde entonces está recluido en el Penal de Apodaca, en Nuevo León.
Sin embargo —y aquí está el verdadero problema—, el acusado permanece recluido bajo la medida cautelar de prisión preventiva, sin que se le dicte sentencia y sin que se logre la reparación del daño, ya que, extrañamente, no se ha realizado ni una sola audiencia de procesamiento penal contra Pérez Jiménez.
Los afectados, que aseguran que el total del fraude supera los $3,000 millones de pesos, acusan que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León —que desde febrero de 2025 encabeza Javier Flores Saldívar— ha modificado constantemente las 270 carpetas de investigación abiertas contra el dueño de Creare, lo que ha retrasado notablemente las audiencias.
Por eso, en la protesta del sábado, realizada en la Plaza de los Héroes, las víctimas demandaron que sea la autoridad federal, esto es, la Fiscalía General de la República (FGR), la que tome el caso, insinuando la sospecha de que desde la justicia estatal se podría estar ayudando al empresario acusado de estos fraudes millonarios.
Un asunto muy grave, pues revela una seria desconfianza de la ciudadanía en los procesos de justicia de Nuevo León, y no es la primera vez que esto pasa.
Tan álgida está la inconformidad, que los afectados anunciaron que buscan iniciar juicios políticos contra los titulares de justicia locales, a quienes acusan de bloquear los avances para que se pueda reparar el daño.
Llama la atención que la Fiscalía vaya tan lenta en este caso de Creare, donde el fraude es sumamente patente (ya que la empresa no construyó nada con los anticipos ni compró siquiera terrenos), y que, en cambio, en un caso más complicado —y, sin embargo, muy mediático— como el de Proyectos 9, la Fiscalía parezca tener prisa, como queriendo dar un golpe de espectacularidad.
Habría que apuntar que, en el caso de la inmobiliaria Proyectos 9, sí existen fideicomisos y también hay activos tangibles, como propiedades y obras en proceso, donde estaría depositado el valor —o al menos parte de él— de los anticipos, lo cual mejora muchísimo más las posibilidades de que el patrimonio de los afectados no esté perdido.
Incluso, hablando de este segundo caso, habría que preguntarse si no sería mucho más conveniente para los afectados de Proyectos 9 que se pudieran terminar esas obras, pues así podrían recuperar no sólo su inversión, sino también su plusvalía.
Por eso, la decisión de la Fiscalía de detener e internar en el penal al director de esta inmobiliaria, José Lobatón, pudiera más bien complicar la reparación del daño a los afectados por el excesivo retraso que tienen esos desarrollos.
Es ahí donde nuestro sistema de Justicia en NL pareciera buscar sólo satisfacer la necesidad mediática, con actos que poco o nada ayudan en la práctica a los afectados, cuando lo que deberían hacer es abocarse de lleno a llegar al fin último, que en casos como éste debe ser la restitución del patrimonio de quienes invirtieron millones de pesos en un sueño que hoy sólo está convertido en aire.
De nuevo: necesitamos que la Justicia REALMENTE haga justicia.