El día de hoy inician los trabajos del Congreso del Estado en mesas para recabar opiniones de los ciudadanos, y lo que es muy importante es que los abogados también dediquemos algo de nuestro tiempo para aportar sugerencias sobre cómo robustecer este poder, toda vez que ya existe la reforma constitucional y es de esperarse una homologación.
En este sentido, a mí me gustaría que el proceso para seleccionar a los juzgadores estuviera más enfocado en capacidades, atributos de excelente e intachable conducta, y que las personas aspirantes cumplan a cabalidad una serie de requisitos que incluyan su formación académica y profesional; que muestren su hoja de vida, que no sean deudores alimentarios, que no tengan antecedentes penales ni investigaciones en curso o archivadas por falta de impulso procesal.
Se requiere para estos cargos a personas con sobrada solvencia moral, cuya forma de vida sea congruente con su nivel de ingresos, comprobado mediante su declaración fiscal y patrimonial (en el caso de que sea servidor público).
También se debe realizar una ingeniería social para verificar su prestigio, actividades, costumbres y conductas, de manera que no se infiltren personas no aptas ni gratas para un poder que debe generar el equilibrio entre poderes. Cuando estén en funciones, deben servir al Estado con resoluciones judiciales justas.
En mi opinión y experiencia, hay que tomarse el tiempo necesario para adecuar los cambios constitucionales y regular el proceso de selección, cuidando que esta elección arroje perfiles con el conocimiento probado que se requiere para ser juzgador en sus diferentes niveles y áreas de especialidad.
Para lograrlo, deberemos llamar a participar a la academia, representada por las principales universidades del estado que cuenten con al menos 10 años de impartir la carrera de Derecho. Asimismo, los colegios de abogados que tengan una antigüedad mínima similar puedan participar en la creación de los exámenes de oposición, los cuales deben contener una evaluación teórica de conocimientos y justificar que los aspirantes están aptos tanto en los conocimientos teóricos como en la práctica de diferentes resoluciones y momentos procesales.
Sabido es que los juzgadores cuentan, en el ejercicio de funciones, con secretarios; pero es determinante que tengan el conocimiento para poder mandar en su equipo. También debemos considerar que los exámenes de oposición sean videograbados, de manera que se puedan presentar al público elector, para que este cuente con los elementos para considerar y tomar en la elección.
Me parece necesario e importante que los aspirantes no formen parte de ningún partido político. Para alcanzar este requisito, se debería exigir una constancia expedida por el Instituto electoral y de Participación Ciudadana. A mí me parece que esta entidad cuenta con los medios para llevar a cabo un proceso de selección de candidatos con mucha mayor exigencia. Estoy seguro de que abunda el recurso humano capaz de cumplir con las más altas exigencias a cabalidad.
Entonces, esos aspirantes que aprueben los requisitos deberían ser sometidos a la elección del pueblo. Para ello, se debería habilitar en el IEPC un micrositio para que los ciudadanos puedan ver todo el expediente de cada uno de los aspirantes: acta de nacimiento, estado civil, currículum, acreditación y justificación de estudios, cartas de recomendación, certificados de no antecedentes penales, ni investigaciones en proceso y certificados de no pertenencia a institutos políticos.
Pienso y anhelo un proceso tan exigente y riguroso que, todos aquellos que estén en oportunidad de participar en la elección, tengan la certeza de que si no resultan electos, organismos y empresas estén dispuestos a contratar a tan bien seleccionados perfiles del derecho. Casi podríamos pensar que quienes participen estén debidamente calificados para ocupar coordinaciones, gerencias o direcciones jurídicas. De igual forma, las fiscalías podrían hacerse de buenos perfiles para realizar su labor.
Este es el arranque. Espero que, con la participación de muchos, se construya una reforma adecuada a lo que necesita y merece nuestro estado.
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