Dicen que no hay mal que por bien no venga, estimado lector, y ojalá que la dolorosa situación de accidentes en la Carretera Nacional, donde ya suman 15 personas fallecidas este año, por fin sirva para detonar cambios de fondo y no sólo una lluvia de declaraciones.
Lo interesante es que, ahora sí, alcaldes y legisladores de distintos partidos parecen estar remando para el mismo lado al impulsar la municipalización de la arteria con una apuesta sencilla: que haya mayor vigilancia, mejor infraestructura y un control más efectivo sobre quienes convierten esa carretera en pista de carreras. ¡Ya era hora!
Peeeero (viene el incómodo “pero”) tampoco hay que perder de vista un detalle: si el tramo pasa a manos municipales, que el objetivo sea salvar vidas y no llenar las arcas a punta de infracciones.
Así que bienvenida cualquier medida que reduzca la velocidad y los accidentes, siempre que la prioridad sea proteger a los automovilistas y no convertir la seguridad vial en un negocio recaudatorio porque, al final, el éxito se medirá por el número de familias que lleguen completas a casa. ¿O no?
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Oiga, mientras Morena y Movimiento Ciudadano tienen meses moviendo el tablero rumbo a la gubernatura, los que empezaron a mover sus cartas son el PRI y el PAN, pero en las candidaturas locales.
Le cuentan a Protágoras que el registro del panista Carlos de la Fuente como aspirante a la alcaldía de San Nicolás, así como el de los priistas Lorena de la Garza y Marcelo Segovia, también en la interna del PAN, para Monterrey, dejan ver que “de facto” sí habría alianza opositora,, por lo que ya empezaron a acomodar sus piezas donde realmente hay competencia por definir.
Y es que, para la gubernatura, muchos dan por hecho que el proyecto gira alrededor del alcalde regiomontano, Adrián de la Garza, por lo que el avispero no se ha alborotado tanto en ese frente; por lo tanto, ahora lo interesante será ver si MC y Morena responden en el terreno de las alcaldías y diputaciones, porque hasta ahora han concentrado sus reflectores en la carrera por Palacio de Cantera.
Al final, una elección no se gana sólo con un candidato a gobernador… también se construye desde abajo, municipio por municipio. ¡Y esa partida apenas comenzó!
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Y cambiando a los rumbos del Congreso local, fíjese que todo apunta a que a los diputados ya no les quedó margen para seguir pateando el bote con el tema del Instituto Estatal de Transparencia (el INFONL, para la racita). Y es que la Suprema Corte les dejó claro ayer que ¡sí o sí!, deben armonizar la legislación local con la federal y desaparecer el órgano autónomo antes del 20 de diciembre. ¡Tómala!
Seguramente a muchos regios no les agradará la idea, pues consideran que las reformas impulsadas por Morena a nivel nacional han ido debilitando instituciones autónomas, pero una cosa es el debate político y otra el cumplimiento de la ley: mientras la norma esté vigente, al Congreso le corresponde acatarla, no escoger cuáles disposiciones cumple y cuáles no.
Ahora lo que empieza es un verdadero reto, pues al pasar estas funciones al poder ejecutivo se deberán construir mecanismos que garanticen la rendición de cuentas y eviten opacidad. Incluso desde el sector empresarial ya surgieron propuestas para crear esquemas con participación ciudadana e independiente que fortalezcan la vigilancia.
Y es que, al final del día, el debate ya no se centrará en si desaparece o no el instituto, sino en cómo garantizar que la transparencia no desaparezca junto con él. Ahí estará la verdadera prueba para los legisladores. ¡Veremos!
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Y ya para cerrar, estimado lector, hoy volverá a moverse la Oficialía de Partes del Congreso con una propuesta que, por lo menos en el papel, promete abrir el debate.
Resulta que el notario público número 56, Sergio Gil, presentará una iniciativa para reformar diversas leyes con el propósito de que todos los candidatos a cargos de elección popular transparenten su preparación académica y profesional, además de acreditar condiciones adecuadas de salud mental. ¡Oyaye!
La propuesta seguramente dará de qué hablar porque, en tiempos donde abundan las campañas de imagen, hay quienes sostienen que los ciudadanos también tienen derecho a conocer con mayor profundidad el perfil de quienes aspiran a gobernarlos. ¡¡¡Ufff!!!
¡¡Yássas!!