Mientras Nuevo León arrastra una agenda de urgencias absolutas, en el Congreso del Estado las prioridades parecen correr por una pista completamente distinta y desconectada de la realidad. La muestra más reciente es el dictamen de reforma constitucional aprobado en comisiones —y perfilado para el Pleno— que busca reducir de 30 a 28 años la edad mínima para gobernar el estado y a tan solo 18 años para ocupar una curul. Un auténtico despropósito que, lejos de abonar a la productividad legislativa, opera como una enorme distracción mediática.
Las posturas al interior del recinto legislativo exponen la fractura de argumentos. Por un lado, los promotores de la reforma insisten en que se trata de un acto de justicia y progresividad. Los legisladores que defienden el dictamen aseguran que “no se puede seguir marginando al 30% de la población del estado” y que la iniciativa “abre las puertas a una nueva generación que merece ser votada”. Sin embargo, desde la misma tribuna, las voces de la oposición y de diputados disidentes señalan el verdadero trasfondo: califican el movimiento de “albazo” y denuncian que se está legislando “al vapor y con dedicatoria”, dejando en claro que la prisa extrema delata un traje hecho a la medida para la elección de gobernador en 2027.
Mientras se gasta capital político y tiempo en este debate, la lista de omisiones verdaderamente importantes sigue creciendo en el tintero. Reducir la edad para acceder al poder no resuelve un solo problema estructural de nuestra entidad ni saca al Legislativo de su propio rezago. La parálisis real se evidencia en temas críticos: el Paquete Fiscal 2026 sigue pendiente y vital para la operación financiera del estado; la armonización de la Ley Electoral y la paridad total continúan en el limbo legal; y las crisis de fondo —la movilidad, el colapso del transporte público y la deteriorada calidad del aire que respiramos todos los días— permanecen sin soluciones de fondo.
La reacción de la opinión pública no se ha hecho esperar y refleja un marcado escepticismo. Diversos organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales han manifestado su preocupación, señalando que el Congreso local prioriza agendas partidistas por encima de los consensos financieros que el estado requiere. En las calles y en el debate ciudadano el sentimiento es similar: la ciudadanía percibe este movimiento como un chantaje bajo el falso dilema de “estás conmigo o contra los jóvenes”.
La juventud, por sí sola, no es un cheque en blanco ni una garantía automática de mejores gobiernos, de funcionarios más comprometidos o de personas más honradas. De hecho, el marco legal actual de Nuevo León ya ha permitido el acceso de liderazgos jóvenes a la máxima responsabilidad pública del estado, como ocurrió en su momento con Rodrigo Medina y, de manera más reciente, con el actual gobernador, Samuel García. Por ello, el pequeño grupo que ha acudido a manifestarse a favor de esta iniciativa en el recinto legislativo no representa el sentir ni las verdaderas necesidades de la totalidad de la juventud en la entidad; se trata de una movilización que presiona por el cambio constitucional sin plantear argumentos sólidos ni situaciones claras que justifiquen la urgencia de esta modificación.
Una modificación constitucional de este calibre no es un juego y debería, por lo menos, someterse a una consulta ciudadana amplia. No se trata de alterar la Carta Magna solo para quedar bien con un sector o cumplir acuerdos de cúpula. El acceso a las grandes decisiones públicas debe ganarse con capacidad, preparación y una agenda de cara a los ciudadanos, no mediante componendas de pasillo hechas a la medida de un candidato o un grupo político. Legislar a la carrera y de espaldas a las verdaderas urgencias es, irónicamente, el más claro signo de la inmadurez de quienes hoy promueven este parche legal.