Opinión

Libramiento Norponiente: el negocio del peaje y el costo de las vidas

Sección Editorial

  • Por: Protágoras Coahuilense
  • 17 Noviembre 2026, 04:50

Una concesión hasta 2066, una carretera marcada por accidentes mortales y un municipio que destina recursos públicos para atender emergencias en una vía explotada por particulares. Esa es la contradicción que enfrenta Ramos Arizpe.

En el Libramiento Norponiente de Saltillo, que atraviesa territorio de Ramos Arizpe, cada accidente grave deja una factura que va mucho más allá de los vehículos destruidos. Hay familias que pierden a sus integrantes, personas que terminan hospitalizadas y cuerpos de emergencia que deben movilizar ambulancias, bomberos, policías y equipo de rescate.

Mientras tanto, la carretera sigue operando bajo una concesión privada que tiene vigencia hasta el 17 de noviembre de 2066.

La titular es Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo, SA de CV (CAMS), vinculada al grupo internacional Roadis. En la prestación de servicios de operación, conservación y mantenimiento participa Vías, Administración y Logística, SA de CV.

Dos nombres empresariales que deberían ocupar un lugar central en la discusión pública sobre la seguridad de esta vialidad.

Porque cobrar por utilizar una carretera implica mucho más que mantener abiertas las casetas de peaje.

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LAS VÍCTIMAS DETRÁS DE LA CONCESIÓN

Un balance difundido en octubre de 2026 documentó 13 accidentes, 16 personas lesionadas y seis fallecidas durante un periodo de 21 meses en el Libramiento Norponiente.

Las cifras, que requieren un corte oficial actualizado, son suficientes para plantear una pregunta incómoda: ¿qué acciones concretas han adoptado la concesionaria y su operadora para reducir los riesgos en los puntos donde se registran los percances?

No se trata de atribuir automáticamente cada accidente a las condiciones de la carretera. La velocidad, las maniobras de los conductores y las fallas mecánicas también deben investigarse.

Pero tampoco resulta aceptable utilizar esos factores como una explicación universal que dispense a quienes explotan comercialmente la vía de examinar su infraestructura, señalización, barreras de contención y mecanismos de respuesta ante emergencias.

La seguridad carretera no puede reducirse a colocar señales de advertencia y esperar que los automovilistas tengan suerte.

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EL MUNICIPIO PAGA; LA CONCESIONARIA COBRA

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, puso sobre la mesa un problema que merece atención.

De acuerdo con su estimación, el municipio destina más de $20 millones de pesos anuales a la atención de accidentes en el Libramiento Norponiente y otras carreteras de su territorio.

Cada emergencia puede requerir ambulancias, personal de Protección Civil, bomberos y policías municipales.

Son recursos públicos, financiados por los contribuyentes, que se utilizan para responder a incidentes en vialidades cuya explotación comercial corresponde a una empresa privada.

El dato tiene un límite que conviene dejar claro: esos $20 millones de pesos no representan exclusivamente el gasto del Libramiento Norponiente ni constituyen, por sí mismos, una cifra auditada.

Sin embargo, la dimensión del desembolso explica el reclamo municipal.

En noviembre, Gutiérrez Merino volvió a cuestionar que las corporaciones locales deban asumir los costos de atención mientras la concesionaria obtiene ingresos por el uso de la carretera.

La administración municipal ha planteado mecanismos para que la empresa contribuya económicamente, ya sea mediante pagos por intervención o alguna aportación periódica.

La pregunta es inevitable: ¿por qué una carretera de cuota debe depender de los recursos municipales para atender emergencias sin que exista, al menos públicamente, una explicación suficiente sobre la participación económica de quienes la operan?

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UNA RESPUESTA EMPRESARIAL QUE SIGUE HACIENDO FALTA

Hasta ahora, en los antecedentes revisados no aparece una respuesta pública suficientemente documentada de CAMS y su operadora que permita conocer cómo han atendido los reclamos económicos del Ayuntamiento de Ramos Arizpe.

Esa ausencia de claridad alimenta la percepción de indiferencia.

Pero el asunto no debe resolverse únicamente mediante declaraciones cruzadas.

La concesionaria tendría que explicar cuánto invierte en seguridad vial, qué servicios de emergencia proporciona directamente, qué convenios mantiene con las autoridades y qué medidas ha implementado después de los accidentes mortales.

También corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes precisar cuáles son las obligaciones contractuales de la empresa y cómo supervisa su cumplimiento.

Porque existe una diferencia entre que el municipio considere injusto absorber determinados gastos y que la concesionaria esté incumpliendo una obligación legal específica. Esa segunda conclusión exige revisar el título de concesión y sus modificaciones.

Lo que no requiere interpretación jurídica es la necesidad de rendir cuentas cuando una infraestructura de cuota acumula víctimas y genera costos para los servicios públicos locales.

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CUARENTA AÑOS MÁS DE OPERACIÓN

La fecha de vencimiento de la concesión merece especial atención.

2066.

No es un error de escritura.

La concesionaria tiene por delante aproximadamente cuatro décadas más de operación, si se mantiene la vigencia actualmente registrada.

Eso significa que los problemas de seguridad y coordinación institucional no pueden tratarse como molestias pasajeras.

Una empresa con semejante horizonte de explotación debe tener una estrategia de largo plazo para prevenir accidentes, mantener la infraestructura en condiciones adecuadas y colaborar con las autoridades que atienden las emergencias.

No basta con administrar una carretera durante décadas. También debe existir una responsabilidad verificable frente a las comunidades por las que atraviesa.

Y si el Ayuntamiento considera que el esquema actual traslada injustamente los costos de las emergencias a Ramos Arizpe, tiene la obligación de documentar cuánto gasta específicamente en esa vialidad y llevar el reclamo ante la autoridad federal concedente.

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LA PREGUNTA QUE NADIE DEBERÍA EVADIR

El problema del Libramiento Norponiente no se resolverá únicamente con discursos, ni con una discusión sobre quién debe pagar la próxima salida de una ambulancia.

Se necesitan cifras oficiales de siniestralidad, identificación de puntos de riesgo, inspecciones técnicas, medidas correctivas y un esquema transparente de coordinación entre la concesionaria, su operadora, la SICT y las autoridades municipales.

También se necesita conocer cuánto dinero se recauda mediante el peaje y qué proporción se destina efectivamente a seguridad, conservación y atención de incidentes.

La concesión puede extenderse hasta 2066, pero la paciencia de las familias que han perdido a alguien en esta carretera no tiene por qué prolongarse otros cuarenta años.

CAMS y Vías, Administración y Logística deben explicar qué están haciendo para que el Libramiento Norponiente sea más seguro y qué respuesta darán a los reclamos de Ramos Arizpe.

Porque mientras el peaje se cobra todos los días, el costo humano de los accidentes no aparece en ninguna tarifa.

Y esa es, precisamente, la cuenta que nadie debería ignorar.

¡¡Yássas!!

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