El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, puso sobre la mesa una idea que dará de qué hablar: llevará al Congreso de Tamaulipas una propuesta para que tanto el fiscal de distrito como la corporación policiaca respondan directamente al gobierno municipal.
La lógica que plantea es sencilla y, hay que decirlo, atractiva para muchos ciudadanos: quien conoce las calles, que tenga el mando.
Su diagnóstico no es menor. Habla de una franja que va de Miguel Alemán hasta Río Bravo donde la extorsión, la violencia y los enfrentamientos a plena luz del día se han vuelto rutina.
El planteamiento concreto es que el fiscal sea propuesto por el alcalde y ratificado por el Cabildo, para que el municipio pueda reaccionar más rápido a lo que la gente exige. Y conviene reconocerle algo: no llegó a descalificar a nadie. Peña Ortiz agradeció el respaldo de la Policía Estatal en operativos y vigilancia, aunque pidió, con razón, más elementos en el terreno.
Es una apuesta valiente por la corresponsabilidad, pero concentrar fiscalía y policía en una sola figura abre una pregunta incómoda sobre los contrapesos. ¿Quién vigila al vigilante? No se menciona de dónde saldrían los recursos para sostener esa estructura, ni cómo se blindaría contra los vaivenes políticos de cada trienio. Que conste: nadie discute la urgencia. Lo que viene ahora es lo verdaderamente difícil, convertir una buena intención en un mecanismo que funcione sin importar quién despache en la alcaldía.
CUANDO UN “RETO VIRAL” TERMINA EN EL CÓDIGO PENAL
Las falsas amenazas en escuelas, difundidas por redes sociales, pone el dedo en la llaga ante la Guardia Estatal Cibernética de Tamaulipas, y conviene atenderlar con atención: lo que para un adolescente es una broma o una forma de pertenecer a una tendencia de TikTok, para la ley es otra cosa.
El artículo 172 del Código Penal estatal castiga la movilización falsa de servicios de emergencia con hasta siete años de prisión. El Policía Tercero Luis Marín lo explicó sin alarmismo: el fenómeno viene de un reto internacional que circula sobre todo entre estudiantes de secundaria y bachillerato, esa edad incómoda donde el acceso a lo digital corre más rápido que la supervisión de los adultos. Y el problema no es solo el menor que escribe el mensaje, es el vacío de acompañamiento detrás de él.
Hablar de “reforzar la supervisión” suena bien, pero ¿cuántos padres saben siquiera qué es este reto?
Tampoco se dice por incómodo, que cada operativo “Escuela Segura” que se activa por una amenaza falsa distrae recursos que harían falta en una real.
La autoridad previene; nosotros, como sociedad, todavía estamos a tiempo de conversar en casa antes de que las redes sociales lo haga por nosotros. Siete años de cárcel, siete.
¡¡Yássas!!