Lo que el terremoto en Venezuela evidenció: ¿quién vigila las obras de China?

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela en junio pasado dejaron miles de muertos y una devastación inédita, detrás de la cual no sólo se asoman los golpes azarosos de la naturaleza, sino también la negligencia de autoridades que aparentemente dejaron pasar, por motivos políticos y económicos, construcciones que sencillamente no cumplían con los estándares rigurosos.

Y es que entre los escombros de este sismo apareció no sólo la devastación, sino también una pregunta incómoda para América Latina: ¿Qué pasa cuando el responsable de vigilar la calidad de las grandes obras de empresas extranjeras es al mismo tiempo, un gobierno estrechamente asociado con éstas?

La pregunta viene al caso porque el terremoto de Venezuela no solamente derribó edificios antiguos, sino también muchos recién construidos. Algo que no debería haber ocurrido si se hubieran respetado los rigurosos lineamientos de ley.

En Caraballeda, una de las zonas más golpeadas por el sismo, 15 de 28 torres de vivienda pública de alta densidad construidas dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela colapsaron, de acuerdo con una investigación de The Washington Post.

Unas 1,440 viviendas se hicieron añicos en cuestión de segundos.

Eran construcciones relativamente recientes, levantadas bajo normas sísmicas que, en teoría, debían protegerlas. De hecho, expertos venezolanos han señalado que las edificaciones construidas después de la norma sísmica de 2001 no deberían haber colapsado de esa manera.

Pero ocurrió.

Entonces, lo cierto es que el terremoto no creó las fallas. Más bien, las reveló.

Construir mucho y construir rápido

Es bien sabido que durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela emprendió una gigantesca carrera para construir vivienda popular.

La intención social puede haber sido legítima; el problema fue la manera, ya que la urgencia por entregar miles de casas terminó conviviendo con controles debilitados, poca transparencia y cuestionamientos sobre materiales, estudios de suelo y supervisión.

Después de las inundaciones de 2010, Chávez declaró una emergencia habitacional y aceleró la Gran Misión Vivienda Venezuela, uno de los programas emblemáticos de su revolución.

Había que construir mucho, y había que construir rápido. Pero eso dio el pretexto para construir sin los controles adecuados.

Investigaciones posteriores han encontrado que algunas de esas obras quedaron fuera de procesos ordinarios de contratación, revisión municipal, inspección y certificación.

Ingenieros venezolanos han documentado, además, cuestionamientos sobre menor cantidad de acero de refuerzo, cemento deficiente, columnas fuera de norma, falta de estudios de suelo y construcciones levantadas en terrenos de alto riesgo sísmico.

Venezuela sí tenía normas; el problema fue que aparentemente no siempre se cumplieron. Y en ese gigantesco programa de construcción apareció también China, y sus empresas de construcción ligadas al Estado, sobre las que ahora se dirigen los reflectores.

China financiaba y China construía

CITIC Construction, perteneciente a uno de los grandes conglomerados estatales chinos, obtuvo contratos para construir decenas de miles de viviendas en Venezuela.

Un primer acuerdo contempló 20,000 departamentos. Posteriormente llegó otro para construir 13,034 viviendas distribuidas en 116 edificios de Ciudad Tiuna, en Caracas.

Pero lo más interesante no es solamente la cantidad, sino la forma en que se construyó aquella relación.

Una investigación de Armando.info que tuvo acceso a los contratos originales encontró cláusulas de confidencialidad y condiciones extraordinariamente favorables para CITIC.

La empresa podía utilizar materiales importados y trabajadores chinos; el Banco de Desarrollo de China terminó financiando el 75 por ciento del convenio inicial; Venezuela debía acelerar procedimientos para liberar las importaciones y el diseño arquitectónico quedó en manos de CITIC bajo estándares chinos.

Incluso el contrato original establecía que, para acelerar los procedimientos, una inspección aduanera realizada en China podía considerarse suficiente, disposición que posteriormente fue modificada.

Aquello no era simplemente contratar a una constructora extranjera, sino que podría afirmarse que era una alianza entre Estados.

China financiaba y construía, ¿pero quién vigilaba? El propio Estado venezolano, y ahí aparece el enorme conflicto de interés que debería preocuparnos.

¿Qué ocurre cuando un gobierno necesitado de dinero y de resultados rápidos recibe financiamiento, constructora, diseño, tecnología y materiales prácticamente dentro del mismo paquete, mientras reduce sus propios contrapesos? La tragedia venezolana parece darnos la respuesta. 

Las advertencias existían desde antes

Uno de los proyectos desarrollados dentro de aquellos convenios fue Ciudad Tavacare, en Barinas, un enorme desarrollo de más de 5,000 viviendas construido por CITIC.

Los problemas comenzaron a documentarse mucho antes del terremoto.

Investigaciones periodísticas y organizaciones venezolanas reportaron filtraciones, fallas de servicios, problemas de drenaje y cuestionamientos sobre las condiciones del terreno y los estudios realizados antes de construir.

El dato es importante porque demuestra que las dudas sobre la calidad y supervisión de algunas construcciones vinculadas a los convenios con China no aparecieron después de la tragedia, sino que ya estaban ahí.

Pero Venezuela no ha sido el único país latinoamericano donde grandes proyectos chinos han terminado rodeados de cuestionamientos.

Ecuador: otra llamada de atención

En Ecuador está Coca Codo Sinclair, la mayor hidroeléctrica del país, construida por Sinohydro, filial de la estatal PowerChina.

La central, cuyo costo superó los $2,000 millones de dólares, ha enfrentado durante años problemas técnicos y miles de fisuras reportadas en algunos de sus componentes.

La controversia terminó en un arbitraje internacional y este año Ecuador y PowerChina alcanzaron un acuerdo por $400 millones de dólares.

Pero hay algo todavía más delicado: en agosto, un tribunal ecuatoriano declaró culpable al expresidente Lenín Moreno dentro de un caso de sobornos relacionado precisamente con el proyecto.

La investigación judicial sostiene que Sinohydro habría pagado alrededor de $76 millones de dólares mediante contratos ficticios de consultoría. Moreno niega haber cometido delitos.

Otra gran obra, donde aparece otra empresa estatal china.

Y nuevamente, una mezcla explosiva entre infraestructura, dinero y poder político.

Una advertencia para América Latina

China es ya un socio económico fundamental para América Latina y seguramente seguirá siéndolo.

Tiene dinero, tecnología, constructoras gigantescas y capacidad para ejecutar proyectos que nuestros países necesitan.

Aquí es donde habría que advertir que ninguna inversión extranjera, por atractiva o barata que parezca, puede sustituir la supervisión independiente, la transparencia y el rigor técnico de un Estado.

Mucho menos cuando el país que presta el dinero es también el que proporciona la empresa que construye.

Ahí los gobiernos latinoamericanos deberían elevar los controles, no reducirlos. Y elegir bien a sus socios.

Y como Venezuela acaba de recordarnos de la manera más dolorosa, a veces lo barato termina saliendo demasiado, pero demasiado caro.