El pasado 10 de mayo, elementos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Marina ejecutaron un cateo que se prolongó durante más de 10 horas en una residencia del exclusivo sector Valle de San Ángel, en San Pedro Garza García.
Me presenté en el lugar de los hechos. Desde la distancia, recordé lo que el filósofo italiano Giorgio Agamben escribió: el verdadero problema para una supuesta democracia no comienza cuando un enemigo extranjero cruza la frontera, sino cuando dentro del propio territorio aparecen zonas donde la ley deja de operar plenamente.
Son espacios grises, difusos. Territorios suspendidos donde al Estado se le erosiona el monopolio real del poder.
La idea la explica Agamben en uno de sus libros más influyentes: Estado de excepción.
Cuenta el filósofo que, en esas zonas disputadas, el estado de excepción se vuelve permanente. La excepción se convierte en regla. El Estado sigue existiendo formalmente, pero comparte su dominio con otros poderes fácticos.
Estaba yo frente a un cateo domiciliario, como vecino curioso, comparando el lujo inmobiliario y las altas plusvalías con las señales de un poder paralelo: un poder económico y criminal suficientemente sofisticado como para operar túneles clandestinos, mover combustible robado a escala industrial y construir redes financieras capaces de infiltrar sectores enteros de la economía.
Ese domingo, Día de las Madres, las llamadas —hasta ahora— fuerzas del orden público, entraron a la propiedad vinculada a Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, investigado por presuntamente formar parte de una red de huachicol fiscal: una modalidad mucho más sofisticada que la vieja imagen del perforador de ductos escondido en el monte.
Porque el huachicol ya no es solamente una toma clandestina improvisada. Hoy se habla de importaciones simuladas, de empresas fachada, de combustible que entra desde EUA mediante buques, de triangulación financiera, de evasión fiscal y de redes logísticas capaces de insertar combustible ilegal dentro del mercado formal.
Y casi de manera simultánea, mientras levantaba yo el recuento de daños en San Pedro, otro operativo se desplegaba cerca de ahí: en Santa Catarina.
La FGR desmanteló un megatúnel conectado a instalaciones de Pemex. Las autoridades aseguraron más de 190,000 litros de hidrocarburo robado, decenas de tractocamiones y equipo especializado.
Un túnel que no era una simple perforación rudimentaria. Sino un sistema clandestino con infraestructura, logística y conocimiento técnico suficientes para operar durante tiempo prolongado sin ser detectado.
Agamben empezó, para mí, a adquirir una dimensión sumamente incómoda.
El filósofo italiano sostenía que el poder soberano entra en crisis cuando surgen espacios donde la ley formal existe, pero el control efectivo pertenece a otros actores.
¿Qué significa entonces la soberanía de México en el siglo XXI?
¿Qué pasa en un país o en un municipio donde el crimen disputa rutas económicas, cadenas logísticas, mercados energéticos o incluso mecanismos de intimidación social?
¿Qué ocurre cuando una red criminal puede perforar ductos, construir túneles, mover millones de pesos y lavar recursos mediante empresas aparentemente legales?
¿Qué ocurre cuando el poder criminal ya no vive escondido en la periferia, sino que aparece conectado con zonas de élite económica?
Yo asocié por años el huachicol con estados como Puebla, Hidalgo, Guanajuato o Veracruz. Lugares donde los ductos de Pemex atravesaban comunidades rurales vulnerables y donde surgieron economías paralelas alrededor del robo de combustible.
Pero el fenómeno evolucionó. Y el huachicol fiscal ya no necesita necesariamente perforar ductos. Necesita contadores y operadores aduanales.
Durante el primer trimestre de 2026, Nuevo León acumuló 207 delitos vinculados con la Ley de Hidrocarburos. Eso equivale a un promedio de 2.3 casos diarios.
A nivel nacional, las pérdidas de Pemex por huachicol crecieron 14.4% en 2025 y superaron los $23,000 millones de pesos.
Dinero suficiente para infraestructura, hospitales, carreteras o sistemas completos de transporte público.
Y aquí aparece otra idea central de Agamben: cuando el Estado pierde presencia real y solamente conserva mecanismos de coerción reactiva, el ciudadano queda atrapado entre poderes paralelos. Entre zonas ambiguas donde la protección institucional ya no está garantizada.
Porque quizá, pero solamente quizá, el verdadero riesgo para México ya no sea una invasión extranjera.
El verdadero riesgo acaso sea que el estado de excepción del que habla Agamben ya no consiste nada más en una teoría filosófica sino en una descripción precisa de ciertas regiones del país como la nuestra.